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Ambos están recluidos en la cárcel regional de Pedro Juan Caballero desde el pasado viernes 23 de enero, tras ser imputados por el fiscal Samuel Valdez bajo los cargos de asociación criminal y resistencia en el caso de la incautación de 252 kilos de cocaína en el interior de la estancia Camba Cua del distrito de Zanja Pytá, en el departamento del Amambay.
Nuestra fuente señala que existe actualmente una fuerte presión política para la liberación de los dos presuntos narcoconcejales y que incluso habría una fuerte suma de dinero como incentivo para lograr la liberación de los detenidos. Cabe señalar que el concejal departamental José María Bogado es cuñado del diputado Marcial Lezcano (ANR) y su esposa Olga Bogado ejerce la defensa del edil. El legislador es señalado como uno de los narcopolíticos de la zona y es además cercano de Rubén Sánchez, alias “Chicharõ”.
El pasado martes 24, los abogados de los concejales ya tenían planificado presentar una revisión de medidas. Sobre el tema se le preguntó a la fiscala Valeriana Ferreira y la misma indicó que no se acordaba de cómo quedo la medida. “Creo que se rechazó”, dijo sin dar más explicaciones.
Por su parte, la jueza Sadi Estela López señaló que los abogados tenían la intención de presentar un pedido de revisión, pero que finalmente desistieron de la acción. Sin embargo, todo hace suponer que se estaría gestando un plan a fin de liberar a los dos concejales departamentales y que el plan estaría siendo financiado por narcotraficantes de la zona, con presiones de políticos cercanos a los traficantes que operan en la frontera.
Según las investigaciones, el pasado 10 de enero, los dos concejales departamentales recogieron de un monte de la referida estancia la carga de 252 kilos de cocaína distribuidas en seis bolsas que previamente habrían sido arrojadas desde una una avioneta.
Los concejales abordaron una camioneta y durante el trayecto fueron interceptados por agentes antidrogas de la Policía Nacional, quienes exigieron revisar el vehículo. Según la denuncia de los antidrogas, los concejales se negaron rotundamente a que los agentes revisaran el rodado e incluso los amenazaron con armas de fuego. Dicha droga fue robada posteriomente de la Jefatura de Policía de Amambay.