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El creciente número de casos de periodistas asesinados y amenazados en Paraguay y Brasil y la impunidad en la que quedan estos crímenes fue tema de debate en una de las salas de sesión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos este viernes.
Según relataron representantes del vecino país, en los últimos tres años se han registrado 14 asesinatos de periodistas y al menos 50 casos de amenazas. La gran mayoría de estos casos han quedado en la impunidad. “La frontera con Paraguay es una de las zonas más problemáticas para la cobertura periodística”, coincidieron en señalar durante la presentación.
Sobre el caso de Paraguay, una representante de IFEX (Intercambio Internacional por la Libertad de Expresión) señaló que se tardó demasiado antes de prestar la debida atención a los crímenes cometidos contra periodistas y que fue el asesinato del corresponsal de ABC Color en Curuguaty, Pablo Medina, el que sirvió como recordatorio de lo grave de la situación.
De acuerdo a IFEX-ALC, los niveles de impunidad en Paraguay son similares a los que se registran en México y Honduras y las autoridades no han prestado la atención debida. “El clima de censura se acentúa con el incremento de amenazas contra los periodistas, especialmente por denunciar al narcotráfico y sus vínculos con políticos y policías. Se deben resaltar los obstáculos legales contra radios comunitarias, que siguen siendo objeto de persecución; e inquieta la creciente concentración de medios, especialmente por parte de la familia del presidente Cartes”, afirmaron representantes de este organismo.
Recordaron que el 40% de los asesinatos han ocurrido en los últimos tres años.
Dante Leguizamón, uno de los hijos de Santiago Leguizamón, el primero de los 17 periodistas asesinados entre 1991 y 2014, fue uno de los expositores sobre la situación paraguaya. “Cuando asesinaron a Santiago tenía 13 años”, recordó el hoy abogado.
En aquellos días, Santiago estaba casado y tenía cuatro hijos. Dante era el segundo de ellos. “Cuando asesinaron a Santiago yo no entendía lo que estaba pasando. Lo conocí a través de sus escritos y de lo que se pudo recopilar de lo que escribía en el diario”, relató.
Leguizamón se había instalado en 1975 en Pedro Juan Caballero con una radio desde la cual denunciaba al contrabando y al narcotráfico imperantes en la zona y abría el micrófono para que organizaciones campesinas, indígenas y ciudadanos pudieran expresarse.
“Eligieron el 26 de abril, Día del periodista en Paraguay, para matar a Santiago. Lo mataron en zona de frontera con 22 balazos. En Paraguay creo que es un secreto a voces quienes ordenaron las muertes de Santiago, los principales indicios iban al compadre de quien entonces era presidente de la República, un general vinculado al narcotráfico y 25 años después sigue habiendo impunidad. Las personas que dispararon y fueron presas en Brasil, por otras cuestiones, declararon quienes fueron los que pagaron y el Estado paraguayo no hizo nada. Santiago es el primero de 17 periodistas asesinados. Todos los casos continúan en la impunidad”, señaló Dante.
Reconoció que acabar con la impunidad o juzgar a quienes asesinaron a su padre no lo devolvería junto a su familia, pero que sin embargo, así como su asesinato en el día del periodista fue un claro mensaje de la mafia, dar con los asesinos “significaría un claro mensaje para que Paraguay deje de ser tan fácil matar periodistas como lo es en la actualidad”.
“Solicitamos a la CIDH que inste al Estado paraguayo a remover todos los obstáculos e impulsar las investigaciones en los 17 casos de periodistas asesinados y también la posibilidad de crear una unidad fiscal que investigue este tipo de hechos, que investigue los delitos contra la libertad de expresión”, peticionó Dante.
Desde la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH se mostraron preocupados sobre los mecanismos de protección a los periodistas, la impunidad en los casos de asesinatos de comunicadores y la creciente concentración de medios por parte de la familia del presidente de Cartes.
Dante explicó que tras el asesinato de Pablo Medina, el 16 de octubre de 2014, se elaboró un protocolo que aún no ha sido puesto en vigencia y que por ahora la protección que tienen los comunicadores es solamente la denuncia y el pedido a la Policía de resguardo. “En un solo caso fue sancionado un supuesto autor material. En los 17 casos, los autores morales no han sido juzgados”, aseveró.
“El presidente Cartes, a través del Grupo Cartes que es presidido por su hermana, adquirió dos importantes radios, dos diarios polares de circulación nacional, un importante diario de circulación nacional y varios medios digitales”, relató.
Criticó además la legislación que se encuentra en vigencia desde 2011 y que limitó a las radios comunitarias la potencia que podían utilizar y les restringió la posibilidad de contar con publicidad, además lamentó la excesiva burocracia para la obtención de licencias.