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El procurador general, Roberto Moreno, detalló acerca de los aspectos relacionados a la acción promovida por Lugo ante el órgano dependiente de la Organización de Estados Americanos, que actualmente está en una etapa de admisibilidad, donde se analiza el cumplimiento de los requerimientos de forma, verificando primeramente si el accionante agotó todos los recursos internos del país.
Otro punto que se tiene en cuenta en esta etapa es que no haya una acción similar en otra instancia de Derechos Humanos; de ser así, la solicitud puede declararse inadmisible. Una vez formalizada la denuncia, el Estado tiene un periodo de tres meses para enviar la información relativa al caso, como el dictamen de las comisiones legislativas y el líbelo acusatorio, entre otros, explicó Moreno a ABC Televisión.
El alto funcionario sostuvo que si la CIDH considera admisible la demanda, ahí arranca lo que sería la parte más delicada de todo el proceso, ya que se pasa de la cuestión de forma a la cuestión de fondo con la consecuente probabilidad de que se politice la cuestión. Sobre ese punto, recordó la demanda de los ministros de la Corte Suprema de Justicia que fueron separados de sus cargos bajo el gobierno de Nicanor Duarte Frutos y que, tras varios años, recién superó la etapa de admisibilidad.
“La comisión se toma su tiempo para admitir, de ocho a nueve años, hay para largo, pero hay que darle seguimiento. Si la Comisión sienta postura, va a tener una injerencia directa en el caso Lugo porque sería el mismo problema de fondo; también porque la pretensión de Lugo es monetaria, por salarios caídos, más daño moral”, recalcó.
El pedido de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al Estado paraguayo de remitir todos los antecedentes del juicio político que destituyó a Lugo en el 2012 significa que “hay un reconocimiento claro de la verosimilitud de nuestro reclamo”, según expresó ayer Emilio Camacho, quien, con Adolfo Ferreiro y Enrique García, firmó en su momento la demanda contra el Estado.