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El MNP dio a conocer este viernes su informe anual de gestión 2017, en el cual resalta las principales preocupaciones en torno a la prevención de la tortura y la garantía de los derechos humanos por parte del Estado paraguayo.
La presentación estuvo a cargo de la comisionada Soledad Villagra, presidenta del MNP 2018, y la comisionada Stella Maris Cacace, presidenta saliente.
"Si vamos a entrenar gente (policías de élite) para perseguir la delincuencia, no podemos convertir a esa gente en delincuentes. Es un contrasentido que para perseguir a quien no cumple la ley se le permita incumplir la ley a la fuerza pública", sostuvo la comisionada Villagra.
Para el MNP la impunidad es un flagelo en varios frentes en lo que respecta a los sistemas de control. "Para que los agentes del Estado sean realmente eficientes, así como se debe premiar a los mejores, a los que cometen prácticas abusivas se los debe castigar administrativamente y judicialmente", resaltó.
La presidenta del Mecanismo agregó que las prácticas de tortura y los malos tratos se cometen muy de cerca con la corrupción.
Otro aspecto que preocupa al MNP es la situación carcelaria, especialmente en lo que respeta a malos tratos, abuso del aislamiento como sanción, abuso de los traslados, hacinamiento, condiciones de vida precarias y falta de garantías al derecho a la salud.
Igualmente se puntualiza como preocupaciones la protección en los primeros momentos de la detención, el abuso de la prisión preventiva y las muertes bajo custodia.
Según datos de la MNP, a marzo de 2018 existen 14.326 personas privadas de libertad en sitios habilitados para 9.511 personas. Dice que los 18 penales existente, el 65% se encuentra con superpoblación crítica, el 25,5% con sobrepoblación y solo el 8% no presentan sobre oblación.
Agrega que el 83% de las mujeres privadas de libertad son madres con hijos pequeños, pero existen solo dos penales que tienen sectores destinados a que las mujeres puedan permanecer con sus hijos, y que el 77% de las personas privadas de libertad está en prisión preventiva.
Finalmente, informa que del 2013 al 2016 se produjeron 166 muertes bajo custodia del Estado; 97 de las muertes se produjeron por cuestiones relacionadas a la atención de la salud.