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A través de un comunicado emitido emitido ayer, y distribuido por la organización Amnistía Internacional Paraguay, se dio a conocer la denuncia de las organizaciones Cladem y Equality Now, cuyos representantes trabajaron con el relator para Paraguay Paulo Vannucchi, durante una reunión ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington.
En el documento expresaron su “grave preocupación por la falta de cumplimiento de la medida cautelar 178-15, específicamente de protección integral a la niña ‘Mainumby’ y la recién nacida, incluyendo su derecho a salud física, social y emocional, alimentación, educación y vivienda digna”.
“Mainumby” (picaflor, en español) es el nombre con el que se conoce a la pequeña embarazada a los 10 años, tras ser violada por su propio padrastro, que resultó ser el padre de la niña que dio a luz el pasado 12 de agosto, en la Cruz Roja. El hombre guarda reclusión en la cárcel de Tacumbú, mientras que la madre de la víctima está a cargo de ella y su hija. El caso, en su momento, despertó un fuerte debate sobre la legalización del aborto en casos de violación, pero ahora, tres meses después de la cesárea, pocos se acuerdan del tema.
Las organizaciones que se pronunciaron desde Washington lamentaron la ausencia del Estado paraguayo para dialogar, a pesar de estar presente en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como miembro de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Consideran que esto es una “falta de voluntad política”.
En el mismo comunicado se da a conocer también una denuncia de la abogada de la madre de “Mainumby”, Elizabeth Torales, quien lamentó que su clienta no pudo participar de la reunión de las organizaciones mencionadas por denegación de la visa. Dijo que no hay garantías para su defendida y que la misma se siente perseguida especialmente por representantes de la Iglesia Católica.
Durante el encuentro, las organizaciones solicitaron una visita de los representantes de la CIDH, y que el organismo llame la atención del Estado paraguayo. Se urgió al relator que también se recomiende a Paraguay la implementación del marco rector de la educación de la sexualidad para prevenir futuros casos, así como protocolos de actuación tanto para operadores de salud y de justicia frente a estos casos.