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El magistrado expresó su preocupación por el escaso nivel educativo de los imputados y la abrumadora cantidad de procesos abiertos por delitos cometidos por jóvenes con adicción al crack, que totalizan el 85% de los casos.
“No llegan a 400 los adolescentes privados de libertad en toda la Repúbica del Paraguay y tenemos la posibilidad de reinsertarlos, pero la historia no se acaba ahí, hay que vincular al MEC, MSPyBS, al ministerio de la Juventud que tiene que ver con políticas públicas, porque si el adolescente entra al sistema penal, es porque todos los otros sistemas no funcionaron. No funcionó el sistema educativo, no funcionó el sistema de salud, porque un adolescente que estudia es casi improbable que cometa un hecho punible; o que el Estado le brinde salud, la educación necesaria, que le brinde atención a toda la familia. Vemos que todos estos procesos son procesos por falta de políticas públicas, entramos al sistema de justicia penal porque todos los otros sistemas no funcionaron. Y ese es el fracaso de las políticas públicas”, afirmó.
“Y lo peor que podemos pretender nosotros es solucionar. No hay que confundir los problemas sociales a través de los hechos punibles. El derecho penal está para atender la comisión de hechos punibles y tenemos alternativas como con la justicia restaurativas podemos buscar salidas alternativas. El Estado a través de su política pública de primera infancia, niñez y adolescencia debe evitar que estos chicos ingresen al sistema, debe tratar de solucionar los problemas sociales. Nosotros estamos paliando la falta de políticas públicas“, acotó.
El magistrado comentó que a diario lo buscan padres y madres de adolescentes con problemas de adicción, para que ordene la internación de su hijo en el Centro Nacional de Control de Adicciones o incluso en el centro educativo, porque no tienen forma de contenerlo y carecen de los recursos para internarlo en una clínica privada.
“Acá vienen normalmente padres y madres de adolescentes que piden que ordenemos la internación de sus hijos en el Centro de Adicciones, y nosotros no podemos ordenar porque no cometió un hecho punible, sino que en todo caso tiene que pedir a un juzgado de la niñez a pedir medida cautelar y no hay lugar, hay 120, 150 en lista de espera. A un adicto no le podés decir: Esperame 15 días, 1 mes, 6 meses para internarte. Nosotros no le vamos a mandar a un centro educativo a una persona porque no tiene donde desintoxicarse, porque entonces estaríamos paliando un problema con una represión, o sea vos sos adicto y el Estado no tiene la capacidad de desintoxicarte, entonces te vas preso nomás. Esa no es la solución”, manifestó.
Torres destacó que la Organización Mundial de la Salud considera al adicto un enfermo y como tal tiene que recibir un tratamiento adecuado.
“Es realmente grave que no haya políticas públicas para atender esta situación. Fijate cuántos chicos terminaron la primaria. Es preocupante”, expresó.