Preliminar para exministros de Justicia y Trabajo

Se realiza la audiencia preliminar de los exministros de Justicia y Trabajo Lorena Segovia y Humberto Blasco ante el juez Hugo Sosa. El Ministerio Público solicitó el sobreseimiento definitivo de ambos procesados por lesión de confianza.

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Ante el juez penal de garantías Hugo Sosa, quien interina a su colega y juez del caso Alcides Corbeta, se realiza la audiencia preliminar para los extitulares del Ministerio de Justicia y Trabajo Lorena Segovia y Humberto Blasco, quienes fueron imputados por la fiscala Victoria Acuña por lesión de confianza, informó la periodista de ABC Color Marcia Ferreira.

Sin embargo, cumplido el plazo de investigación, la fiscalía pidió archivar la causa y sobreseer a ambos, porque “de las evidencias colectadas durante la etapa preparatoria, la hipótesis inicial del Ministerio Público acerca de la posible comisión de un hecho punible no puede ser afirmada con fundamentos suficientes”.

“Si bien en un principio se tuvo como punto de comparación el proyecto de ampliación del penal de Tacumbú del año 2000, con el servicio de consultoría para el desarrollo del proyecto ejecutivo y fiscalización de obras para la construcción de la nueva penitenciaría nacional, no se pudo constatar un perjuicio patrimonial puesto que el proyecto de ampliación del penal de Tacumbú no cuenta con las especificaciones técnicas, las especificaciones de los materiales, los cómputos métricos (...) que pueda derivar en una valoración económica”, adujo la fiscala Acuña.

“Existe la posibilidad de que el juez le dé trámite de oposición a lo solicitado por la fiscala Victoria Acuña y se envíen nuevamente a la Fiscalía General; sin embargo, creemos que los argumentos de la fiscalía respecto a los elementos que tuvo y analizó son contundentes, ya que se han levantado todos los indicios de sospecha que podían haber existido en su momento”, indica Lorena Segovia.

Blasco y su sucesora Segovia fueron imputados en mayo pasado por la supuesta adjudicación irregular de una empresa privada para la realización de una consultoría –dentro de la elaboración de un modelo de centro penitenciario (cárcel de Emboscada)– que la Cooperación Española elaboró ya en 2000, supuestamente causando de esa manera un perjuicio de G. 4.950 millones.

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