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El proyecto de ley establece la posibilidad de que el Poder Judicial pueda intervenir los bienes de las personas vinculadas al narcotráfico, mientras estén sometidas a un proceso judicial. Igualmente, da la posibilidad de que se nombre un administrador de los bienes para evitar que sean vendidos, destruidos o que pierdan su valor económico. Fue enviado el año pasado por el Ejecutivo y ahora aprobado por Diputados.
“Necesitamos de más tiempo, que (el proyecto) vaya a otras comisiones. Queremos que esas comisiones lo estudien. Todos están de acuerdo con la postergación (del tratamiento del proyecto)”, afirmó Robert Acevedo, titular de la Comisión de Lucha contra el Narcotráfico a los medios de prensa en un audio facilitado por ABC Televisión.
“Queremos que sea una herramienta positiva y que no se mal utilice”, dijo a su vez el senador Enrique Bacchetta, titular de la Comisión de Legislación de la Cámara Alta.
Durante una audiencia pública realizada la semana pasada en el Congreso para analizar el proyecto, el abogado Manuel Riera manifestó que se trata de una ley confiscatoria que rompe con el principio constitucional de protección de la propiedad privada.
A la aprobación del proyecto se opone la “multibancada” opositora, que tiene 12 integrantes. En tanto, la mayoría de los colorados (serían 15 de los 19) respaldarían la aprobación además de los dos senadores del partido Unace.
El proyecto es cuestionado por algunos gremios y asociaciones por tener supuestamente carácter confiscatorio de los bienes y propiedades de las personas acusadas de tener vínculos con el narcotráfico, pero sin estar aún condenadas.