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Documentos contables administrativos de la época del gobierno departamental a cargo del actual diputado nacional Avelino Dávalos Estigarribia (cartista) habrían desaparecido de la Gobernación de Caazapá, según un informe presentado a la Junta Departamental por el actual titular de la institución, Pedro “Pipo” Díaz Verón, hermano del ex fiscal general del Estado, Javier, actualmente preso en Viñas Cué por supuesto enriquecimiento ilícito.
Díaz Verón entregó un informe escrito a la presidenta de la Junta Departamental, Antonia López (abdista), durante la sesión ordinaria de ayer viernes.
El pasado 29 de agosto, a través de una resolución, la Junta había solicitado la realización de una auditoría de la gestión de Dávalos Estigarribia.
Durante la sesión de ayer, el gobernador Pedro Díaz Verón entregó a la presidenta de la corporación legislativa departamental y al pleno un informe en que consta el trabajo de auditoría encargado a un profesional del ramo identificado como Gustavo Adolfo Acuña Molinas.
El reporte tropieza con un problema a raíz de la desaparición de los documentos contables administrativos de los ejercicios fiscales 2014, 2015, 2016 y 2017 de la oficina administrativa de la institución.
Solamente fueron encontrados documentos del ejercicio fiscal de este año que todavía no terminó.
Según el informe de Díaz Verón, los documentos de los ejercicios fiscales anteriores fueron retirados días antes del traspaso a cargo de la actual administración y, de acuerdo a un informe verbal del administrador anterior (a quien no se identifica), fueron remitidos al Tribunal de Cuenta para su evaluación y juzgamiento.
Sin embargo, el 1 de noviembre, a través de un oficio, María Celeste Jara Talavera, presidenta del Tribunal de Cuenta, contable administrativa de la segunda sala, informó que no existía en el tribunal solicitud alguna de estudio ni juzgamiento de rendición de cuentas correspondiente a los ejercicios fiscales de los años 2014, 2015, 2016 y 2017 de la Gobernación de Caazapá.
Con estos se comprueba que los archivos fueron hurtados de la institución departamental, desconociéndose el paradero de los documentos ni los autores del hurto, indicó el informe de Díaz Verón.
Otro punto llamativo del informe referido es que la administración saliente no hizo constar la existencia de compromiso pendiente de pago de ejercicios anteriores del gobierno departamental, pero dos empresas proveedoras de la institución, Ladero SA y Distribuidora Paraguaya, reclaman más de G. 19.000 millones por deudas y multas por atraso de ejercicios anteriores. Las mencionadas empresas proveen de insumos para merienda escolar y almuerzo escolar a la Gobernación.
Avelino Dávalos se presentó en la plenaria solicitando el derecho a réplica y pidió no ser denunciado porque tiene familia y se puso a disposición de la investigación. Dio a entender que en su reemplazo quedó la concejala Celina Roa de Morel y que ella puede saber el destino de los documentos contables de la Gobernación.
La Junta Departamental, a través de una resolución emitida ayer, decidió remitir los antecedentes a Delitos Económicos del Ministerio Público, en Asunción.