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Los fiscales Carlomagno Alvarenga y Martín Cabrera allanaron este viernes la sede de la Municipalidad de Santa Rosa del Aguaray dentro del marco de la investigación por supuesta lesión de confianza y enriquecimiento ilícito contra el intendente de dicha ciudad. La coordinadora multisectorial de la ciudad, integrada por representantes de diferentes partidos políticos, sectores sociales y de la Iglesia, habían denunciado al jefe comunal.
“Estamos allanando el local en búsqueda de documentos que justifiquen los egresos del 2011, 2012 y 2013, resoluciones referentes a nombramientos de funcionarios y otros documentos, pero tuvimos un inconveniente, no se encontraron en el lugar las documentaciones que sirvan para justificar la ejecución presupuestaria de dichos años. Dichos documentos ya fueron retirados de la Controlaría sin embargo no se encuentran en la Municipalidad”, explicó el agente del Ministerio Público.
Añadió que en un primer momento se les había dicho que aún no retiraron los documentos de la Contraloría, sin embargo después indicaron que las documentaciones están a cargo de una tercera persona que lleva una contabilidad externa a la Municipalidad, “situación que es completamente irregular, tiene que estar en la Municipalidad, preliminarmente estaríamos ante un quebrantamiento del depósito, ya que a criterio nuestro se está ocultando esa documentación, que sería independientemente al proceso que estamos llevando contra el intendente”, acotó Alvarenga.
Del lugar, los intervinientes incautaron varios documentos, tales como órdenes de compra y pago; facturas; cheques; contratos; resoluciones y extractos de cuentas.
Según la denuncia de la Coordinadora, existe un faltante de G. 10.000 millones en concepto de Fonacide, royalties y recursos genuinos del municipio, y que la denuncia está avalada por la Contraloría General de la República, que confirmó el faltante de G. 2.500 millones, según el informe del último semestre.
La Municipalidad ya fue allanada por la misma denuncia en febrero del año pasado, pero en aquella ocasión no se encontraron los documentos necesarios. Benítez había declarado que los mismos estaban en la Contraloría.