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El presidente Horacio Cartes vetó parcialmente el proyecto de ley de jubilación parlamentaria, el cual ahora incluye a los parlasurianos, y que permite se jubilen desde los 10 años de aporte y 55 años de edad. Pero, ¿por qué se optó por un veto parcial y no total?.
De acuerdo a la explicación del Ministerio de Hacienda, hay aspectos importantes de destacar en el proyecto, como la eliminar la jubilación de 5 años y la exclusión de las hijas solteras entre los beneficiarios del derecho a pensión.
Sobre este último punto, cabe recordar que en la actualidad hijas solteras de parlamentarios jubilados también cobran parte de la pensión, pese a ser abogadas, arquitectas o ingenieras en el ejercicios de sus respectivas profesiones.
Sin embargo hay otros aspectos que hacían que el proyecto son más preocupantes, como su falta de “estudios técnicos”. Señala que el Fisco viene realizando transferencias complementarias al Fondo de Jubilaciones y Pensiones para Miembros del Poder Legislativo, que en la práctica constituyen un subsidio, que entre el periodo del 2004 al 2017 ascienden a G. 104.000 millones, sin incluir el aporte estatal del 7% de las dietas parlamentarias y gastos de representación. Esta es la única razón por la cual se sostiene esta Caja.
Al respecto –explica Hacienda–, el Fondo posee un problema estructural de sostenibilidad del propio diseño, tiene una cantidad de aportantes fija, pero una cantidad de jubilados que se incrementa cada periodo. En la actualidad, con los nuevos jubilados del último período parlamentario concluido se tendría cerca de dos jubilados por cada un aportante activo, lo que va en contra de la sustentabilidad del Fondo. Además, cabe destacar la inequidad de los beneficios vigentes, no previstos para los demás trabajadores del sistema, los cuales no reflejan el esfuerzo contributivo.
En ese sentido, este proyecto no representa una solución al problema estructural que tiene la Caja Parlamentaria. El veto parcial del Proyecto evitará mayores sacrificios, teniendo en cuenta medidas como: i) el incremento del 70% al 90% de la devolución de aportes; ii) un menor plazo para la devolución; iii) la posibilidad de retirar los aportes inclusive cuando los afiliados hayan reunido requisitos para jubilación; iv) facultades discrecionales para el incremento de haberes por grupos y categorías de beneficiarios, situación que va en contra del “Principio de Igualdad”, que rigen en materia de seguridad social; v) el incremento del 50% al 80% de la pensión por invalidez; entre otras propuestas sin fundamentos técnicos que lo respalden."Toda modificación normativa en materia de seguridad social debe contar con estudios actuariales que permitan evaluar la sostenibilidad de largo plazo. Este proyecto no tiene un fundamento técnico, además en algunos de los puntos señalados exigirán mayor disponibilidad de liquidez de corto plazo, situación que se contrapone con la naturaleza del régimen", dice el comunicado.
Por lo cual, consideramos que los ajustes normativos deberían incluir aspectos que contribuyan a la sostenibilidad del Fondo, reducir inequidades y evitar medidas que finalmente conllevarán mayores transferencias de recursos públicos.
Finalmente, el Ministerio de Hacienda se encuentra a disposición para analizar alternativas válidas que apunten a una solución definitiva, que refleje el real esfuerzo contributivo de los afiliados y al mismo tiempo evite mayores costos a todos los contribuyentes.