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La Resolución número 06/18, que lleva la firma del comisario principal Atilio Guillermo Bazán Caballero, señala en su primer punto la prohibición de “la utilización de vehículos que se encuentren en situación irregular, en infracción a la Ley Aduanera y Ley N° 608/95 del Registro del Automotor con sus modificaciones”.
El segundo artículo del documento dice claramente: “Instar al personal policial a regularizar los vehículos de su propiedad que se encuentren en estado irregular”.
Ambas peticiones son más que obvias ya que ningún policía, especialmente los de Automotores, deberían incurrir en los mismos delitos que supuestamente combaten.
La bochornosa resolución policial, entonces, no hace otra cosa más que confirmar que los policías siguen usando vehículos “mau” y que estas viejas y dañinas costumbres siguen tan vigentes como antes en la institución que actualmente comanda el comisario general comandante Luis Carlos Rojas Ortiz.
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El “recordatorio” del jefe de Automotores se debería a que hace un mes un grupo de agentes de la citada unidad fue denunciado ante el propio ministro del Interior, Ariel Martínez, debido a una supuesta detención irregular y un aparente intento de extorsión al dueño de una camioneta que tenía un amparo constitucional para circular libremente con el vehículo.
Los uniformados mencionados en dicha denuncia son el oficial inspector César Jara, el oficial primero Juan Jara y el suboficial segundo César Monges, además del comisario Ireneo Aranda, todos de la oficina de Automotores que funciona en Ytororó.
Según la denuncia, los agentes de Automotores se movilizaban en un coche Toyota Belta blanco, con una chapa que no le corresponde, ya que sería un vehículo incautado.
Después de este episodio, los efectivos aparentemente solo le cambiaron la chapa al mismo rodado y siguieron usándolo para operativos oficiales, pese a ser un auto sin documentaciones.
El ministro del Interior, Ariel Martínez, confirmó que derivaron la denuncia a la Comandancia de la Policía y esta, a su vez, remitió el documento al departamento de Asuntos Internos, en fecha 9 de marzo, ya con un dictamen jurídico que llegó incluso a la Dirección General de Investigación Criminal.
Esta última instancia es dirigida actualmente por el cuestionado comisario general Tomás Cristaldo, quien a su vez es el responsable de Automotores y las demás unidades técnicas especializadas.