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Tras el asesinato del corresponsal de ABC Color Pablo Medina y la joven Antonia Almada por sicarios al servicio del narcotráfico, los vínculos de la mafia con la política centraron la atención. En medio de la polémica, un grupo de senadores dio a conocer durante una sesión de la Cámara Alta de Poder Legislativo los nombres de algunos diputados que poseían supuestos vínculos con el narcotráfico.
Entre los que fueron nombrados figuraba el diputado colorado por el departamento de Amambay, Marcial Lezcano.
Lezcano fue uno de los que defendió fehacientemente a Carlos Rubén Sánchez Garcete, alias “Chicharo”, señalado como narcotraficante y condenado en Brasil por delitos vinculados al narcotráfico, según reveló una investigación de ABC Color meses atrás. De hecho, de la mano de Lezcano, Sánchez Garcete consiguió el cargo de diputado suplente, cargo al que se postuló estando aún prófugo de la justicia brasileña.
Sin embargo, esto poco importó durante un acto realizado en conmemoración por el día del periodista en Pedro Juan Caballero. Durante el evento, el secretario del Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP), filial Pedro Juan Caballero, Roberto Recalde, permitió que el diputado Lezcano, hiciera uso de palabras durante el acto realizado en la mañana de la víspera frente al mural levantado en el mismo lugar donde hace 24 años, fuera acribillado a tiros por narcotraficantes de la frontera el periodista Santiago Leguizamón.
Actualmente el diputado colorado aspira al de intendente municipal de Pedro Juan Caballero. De ganar las internas y luego vencer en las elecciones municipales, automáticamente Rubén “Chicharo” Sánchez asumiría su banca en la Cámara de Diputados, llegando con ello a conseguir fueros e impunidad.
Además de su cercanía con Sánchez Garcete, el diputado es hermano del suboficial 1º Águedo Ronaldo Lezcano Paredes, un policía que había sido detenido en 2013 mientras transportaba cocaína rumbo al aeropuerto Silvio Pettirossi. La droga supuestamente pertenecía al capo brasileño Luiz Carlos Da Rocha, alias “Cabeça Branca”, señalado como el narcotraficante más importante del vecino país y afincado en Paraguay desde hace varios años.
Tanto Sánchez Garcete como Águedo Lezcano, quien cumplía funciones en Inteligencia de la Jefatura de la Policía de Amambay, trabajarían supuestamente para Cabeça Branca.
El agente policial consiguió abandonar el Penal de Tacumbú, donde guardaba reclusión, luego de que el fiscal que debía investigarlo, José Luis Casaccia Varas, solicitara su sobreseimiento provisional, medida aceptada a velocidad de rayo por la jueza de Capiatá Norma Salomón.
La medida fue conseguida luego de que su hermano, que ya llevaba varios meses como diputado de la nación, realizara algunas “gestiones”. Tras salir libre, Águedo habría vuelto a encargarse de los envíos de cargamentos de droga que pertenecerían al capo Luiz Carlos da Rocha, alias Cabeça Branca, según fuentes.
El mismo diputado Marcial Lezcano llegó hasta el reclusorio con el documento firmado por la jueza Salomón para poder acompañar a su hermano menor de regreso a la libertad. La jueza y el fiscal de la causa fueron sancionados por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados por la serie de irregularidades en las que incurrieron en el proceso.
En el acto que contó con la presencia de varios periodistas radiales y de medios escritos de la zona, además del diputado Lezcano también participo del acto el intendente municipal, el liberal José Carlos Acevedo, quien mantendría fuertes lazos comerciales con el padrino de la mafia fronteriza Fhad Jamil Georges.