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En las redes se viralizó la imagen del empresario Florian Beck, beneficiado con la adjudicación para la provisión de siete alcoholímetros, junto al intendente Mario Ferreiro. Se insinúa una compra direccionada porque la licitación pedía equipos con características muy específicas, pues se trataba de un alcoholímetro de dos piezas.
El monto total es de G. 151.025.000 y el procedimiento se hizo a través de la modalidad de contratación directa, que también es una licitación pública aunque con plazos más cortos.
Los otros dos oferentes que se presentaron al llamado ofertaron alcoholímetros por G. 15.700.000 (PM y A S.A.) y G. 16.540.000 (Progresa S.A.), 27% y 23% más baratos respectivamente. Pero esta última empresa ni siquiera presentó su certificado de cumplimiento tributario y la otra ofertó un equipo de alcoholemia totalmente distinto al exigido por la Comuna.
Además del certificado de cumplimiento de pago de impuestos, Progresa -representada por Óscar Vidal- no acercó su balance del 2017 (certificado que se presentó ante la Subsecretaría de Estado de Tributación), la declaración jurada sobre capacidad técnica, ni el formulario de oferta del Anexo C ni la autorización del fabricante, representante o distribuidor; ni la patente municipal, copia del ISO, como tampoco la garantía de servicio de mantenimiento y calibración por un año de los alcoholímetros, según se desprende de la evaluación de ofertas de la Unidad de Contrataciones Públicas (UOC) de la Municipalidad.
En tanto que la firma PM y A -de Patricio Eneas Mendoza y Delio Bordón- ofreció un producto que no se adecuaba a las especificaciones técnicas. Es que se pidió un alcoholímetro que incluyera por separado el analizador y la impresora, según se detalla en la convocatoria a concurso de ofertas.
Las dos piezas están conectadas por bluetooth y la impresora tiene una placa magnética que se adhiere al techo o al capó del automóvil, mientras que el analizador de aliento de alcohol lo manipula el agente de tránsito. El alcoholímetro que quería vender la firma era uno estándar, donde analizador e impresora están unificados.
Igualmente, se detalla que esta última oferta no cumplía otros requisitos, como la adecuación a los estándares Europeo (EN 15964) e Internacional (OIMLR-126), carecía de boquillas de inserción rápida y auto niveladas para muestreo directo; tampoco tenía una guía iluminada para facilitar el enganche de la boquilla en condiciones de poca visibilidad, no contaba con baterías recargables tipo AA NIMH y/o cuatro baterías tipo 1.5 V AA; no tenía manual de uso en español ni incorporado un software de manejo de información. Además, su sistema operativo carecía de software de protección para el monitoreo durante la secuencia de prueba y no disponía de software de seguridad para que no se altere el procedimiento de alcoholemia. Hasta superaba el peso máximo de 425 gramos. Todo esto de acuerdo al análisis del comité de evaluación de la UOC.
En tanto que Patricio Mondoza se comunicó con ABC y sostuvo que las múltiples exigencias técnicas de la Comuna fueron para que solo una proveedora pueda calificar. “Es para que una marca específica y un modelo específico cumpla el cien porciento de los requisitos y otras marcas no”, recalcó.
En junio de 2018, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) compró alcoholímetros a G. 22.000.000 cada uno y destinados a la Patrulla Caminera. Para la dotación de 40 equipos fue adjudicada por G. 799.200.000 la firma Winner S.R.L., representada por los hermanos Luis Fernando y Óscar Daniel Brítez Chamorro.