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El resultado de la audiencia pública, desarrollada en esta comunidad, con la participación de concejales municipales y la ciudadanía, arrojó como resultado, emplazar por el término de 72 horas a la Contraloría General de la República (CGR), para que la misma proceda a hacer cumplir su propia resolución de auditar la municipalidad local.
La audiencia, convocada por los ediles, se desarrolló en el local del salón multiuso de este municipio, en la mañana de hoy.
En la oportunidad, los concejales que fueron comisionados a la capital del país, en busca de recolectar documentaciones que comprueben datos sobre la cantidad de dinero que, el Ministerio de Hacienda desembolsó a favor de la Municipalidad, procedieron a brindar un informe a las personas que participaron de la citada reunión.
En este sentido, el concejal, Estanislao Báez (ANR), dijo que desde el 2011, hasta la fecha, la administración del intendente Saúl Bernal (PLRA), recibió del gobierno central, más de G. 5.600 millones, pertenecientes a rubros de royalties, Fonacide y otros conceptos.
Inmediatamente, tanto concejales como los pobladores, comenzaron a lanzar su voz de protesta, atendiendo a que en todo el distrito no existen obras de envergadura, encarada por el municipio, que pueda justificar el uso del millonario monto.
Finalmente, decidieron enviar una nota al diputado Tomas Ever Rivas, presidente de Asuntos Municipales de la Cámara baja, donde le solicitan su apoyo a fin de que apure a la CGR, la realización de la solicitada auditoria.
La resolución Nº 100 de fecha 27 de febrero del presente año, emitida por la CGR, dispone la realización de una auditoria a la administración del intendente Bernal.
Los auditores designados para este trabajo son Julio Frutos, Victor Silvero y Javier Vargas, bajo la supervisión y coordinación de los abogados Anglo Campos y Tomas Servín.
La mencionada resolución que lleva la firma del contralor Oscar Rubén Velázquez, especificaba además que los funcionarios designados para dicha auditoria, debían constituirse en la sede de esta municipalidad en la menor brevedad, a fin de iniciar los trabajos.
A pesar de existir la mencionada resolución; sin embargo, la propia Contraloría a través de la declaración del abogado Tomas Servín, director de municipalidades, dijo que no pueden cumplir con este mandato, debido a la falta de presupuesto, ya que sufrieron un recorte de parte de Hacienda.
El inicio de dichos trabajos en el municipio chaqueño, dependía de un pedido de ampliación presupuestaria, presentada en el parlamento, aclaraba el funcionario.
Los manifestantes, sostienen que si en el plazo de 72 horas, la CGR, no procede a cumplir con los trabajos de auditoría, procederán a cerrar el local municipal, impidiendo la entrada del intendente.
El jefe comunal no participó de la audiencia pública, a pesar de haber sido invitado.