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Funcionarios de la Dirección de Finanzas del MOPC tras un control de rutina efectuado en la mañana de este jueves en la estación de peaje de Vista Alegre detectaron serias irregularidades en el sistema de cobro de la tasa a los usuarios de la ruta Transchaco.
Según indicó Ricardo Rodríguez, funcionario de la citada dirección del MOPC, en dos de las seis ventanillas habilitadas para el cobro, las impresoras que expiden las boletas estaban desconectadas del sistema principal y se hallaban conectadas a computadores portátiles, por lo que se sospecha que de esta manera se estaba realizando un cobro paralelo.
Dijo que inmediatamente constada esta irregularidad, se solicitó un informe técnico a la empresa Tecnología del Sur-Pat Traffic Ltda.
“En estos momentos, el director de la Unidad de Asuntos Internos, Juan Soler, se encuentra haciendo la denuncia en la Unidad Fiscal Nro 2 de Villa Hayes, de manera a que pueda tomar intervención en el lugar, constatar las irregularidades detectadas e iniciar así la investigación fiscal”, añadió el funcionario, según informe del MOPC.
Rodríguez mencionó que en el momento de la fiscalización, se encontraban en el lugar cinco personas y que la estación está a cargo del funcionario Gustavo Román.
En otro momento, expresó que aún es difícil cuantificar los daños, pero adelantó que se hará una investigación a fondo teniendo en cuenta los informes que se manejan respecto al promedio de vehículos que pasan diariamente por la estación.
Este caso sale a luz a unos días de que el MOPC iniciara trámites para un llamado a licitación que les permita tercerizar el cobro de peajes, pues alegan que existe mucha corrupción del funcionariado destinado a este servicio.
Sindicalistas del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) habían denunciado que la tercerización del cobro de peajes es una violación a la carta orgánica de la institución, que establece que solo ésta puede realizar el cobro de las tasas.
Los sindicalistas aseguran que, además de ser una violación a la Carta Orgánica del MOPC, que establece que el ente es el único autorizado a cobrar las tasas, representa un derroche de millonarias sumas de dinero, y un despido automático a cerca de 1.000 funcionarios contratados.
En base a documentos que nos acercaron, y a un análisis que realizaron del pliego de bases y condiciones del llamado a licitación, los sindicalistas argumentaron que no observan ningún estudio económico en el documento de justificación de la concesión.