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El fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, informó sobre la imputación de Daniel Garay y los fiscalizadores Atilio Medina y Miguel Ferreira, todos ellos por lesión de confianza. La Comisión Pilcomayo había utilizado unos 5 millones de dólares, del presupuesto de 10 millones de dólares que tenía esta comisión, para mantener apto el canal del río, lado paraguayo, sin embargo actualmente no entra agua en el territorio nacional.
Desde el Ministerio Público informaron que hasta el momento no encuentran la responsabilidad del Ramón Jiménez Gaona, titular del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), cartera de Estado de la cual depende la Comisión Pilcomayo.
Según informó Verón, el Ministerio Público, tras elementos para considerar el hecho punible, la fiscalía procedió a la imputación. La investigación está a cargo de la fiscala Nadine Portillo.
La agente fiscal, Nadine Portillo, informó que se hicieron fiscalizaciones sin sustento. “No había personal capacitado, ni contaban con los instrumentos fotográficos necesarios. No existió un informe de relevamiento previo que establecerá cuáles sin los trabajos a realizar y a sabiendas de que esas fiscalizaciones no eran reales, el director aprobó el pago”, fundamentó la fiscal.
Al ser consultada sobre el involucramiento que pueda tener el ministro de Obras Públicas, teniendo en cuenta que él es quien debe autorizar cualquier gasto que se realice.
La fiscal respondió que el pago se realizado a través del viceministerio de Finanzas, pero la conformación de la factura, que servirá para el desembolso, fue hecha directamente por el presidente de la Comisión, conforme a las supuestas verificaciones que realizaron, y que calificaron como “sin sustento”.
Señaló además que la prioridad actual es “la necesidad humana de que las aguas vuelvan a ingresar al país”. Por esa razón, señaló que el Ministerio Público estableció conversaciones con la empresa constructora y el MOPC.
Dentro del marco de la investigación penal, se logró un acuerdo entre la empresa contratista y el MOPC, para que se realicen todos los trabajos necesarios para que en diciembre el agua ingrese al Paraguay.
Eso implica que la empresa se haga cargo de 11.000 millones de guaraníes que serán invertidos en los trabajos que se realizarán en la zona, como canales. Por otro lado, se realizará por primera vez un estudio aerofotogramético. Este estudio busca saber qué problemas existen en sitios puntuales y a partir de los resultados, los técnicos sabrán qué acciones tomar. Los trabajos iniciarán mañana mismo, según informaron.
La investigación que ahora deriva en la imputación de las anteriores autoridades de la Comisión Pilcomayo, inició a raíz de la denuncia de los pobladores de la zona del Pilcomayo, que se vieron afectados por la falta del vital líquido.
Se informó también que a los efectos de dar continuidad al trabajo, a través de la Cancillería se llevó a cabo una reunión hace dos semanas en Buenos Aires, Argentina, en la cual se logró establecer un acta de compromiso con el gobierno argentino de manejar un criterio de equidad con respecto a las aguas del río Pilcomayo.
El ingeniero Óscar Salazar Yaryes ejerce la dirección de la Comisión Nacional Pilcomayo desde hace más de un mes, luego de que haya sido removido del cargo Daniel Garay por las supuestas irregularidades detectadas en su gestión.