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El fiscal del caso, Luis Piñánez, dijo que la investigación comprobó que la exfiscala cobró los salarios de personas que ni siquiera eran funcionarias de la Justicia Electoral pero que figuraban en planilla. Las planillas de asistencia de estos funcionarios “fantasma” eran firmadas por la propia acusada, informó Perla Silguero, periodista de ABC Color.
El caso salió a luz pública tras la denuncia de una mujer que figuraba como funcionaria, pero que nunca prestó servicios ni tampoco cobró el salario correspondiente. La denunciante reveló que había facilitado sus datos y documentos a la fiscala Pérez porque ésta le ofreció trabajo, pero nunca se concretó nada.
La acusación sostiene que Idoyaga cobró los salarios de 16 funcionarios “fantasma” de la Justicia Electoral, cuando la agente cumplía funciones en esta dependencia. El allanamiento en la oficina de la Justicia Electoral de Idoyaga se efectuó el 2 de noviembre de 2009. Tenía en su poder tarjetas de débito y otras las arrojó por la ventana. Se habla de un perjuicio patrimonial contra el Estado de G. 107 millones.