La Federación Nacional Campesina (FNC), la Coordinadora de Mujeres Rurales e Indígenas (Conamuri) y la Organización de Lucha por la Tierra (OLT) de Paraguay presentaron en Asunción el portal web “Tierras mal habidas”, que ofrece información sobre la usurpación de territorios en el país.
Las tierras usurpadas entre 1954, año del comienzo de la dictadura de Alfredo Stroessner, y 2003 suman un total de casi 8 millones de hectáreas en todo el país, según el informe publicado por la Comisión de Verdad y Justicia en 2008.
Solo en los departamentos de Boquerón y Alto Paraguay, en el Chaco paraguayo, existen casi cinco millones de hectáreas de tierras mal habidas, según estos datos.
Las organizaciones exigieron que el Estado recupere estas tierras y las ceda a los campesinos para que puedan cultivarlas para producir alimentos y asegurarse un modo de vida digno.
Denunciaron que actualmente la producción de alimentos no abastece la demanda interna, por lo que Paraguay se ve obligado a importar desde otros países productos que podría generar en sus propias tierras.
De hecho, un 92 % de la superficie cultivable de Paraguay se destina a sembrado para la exportación, mientras que solo un 8 % se dedica a plantar alimentos para el consumo interno, según la organización Base-IS.
Las organizaciones campesinas afirmaron que la recuperación de más tierras para los campesinos garantizará la soberanía alimentaria de Paraguay, que pasará a depender menos de la importación extranjera y tendrá alimentos más baratos y variados, y de mejor calidad.
La recuperación de tierras también reducirá el número de familias campesinas dispersas y forzadas a la migración por la falta de terrenos, motivo que ha impulsado a cerca de un millón de personas a abandonar el campo paraguayo en la última década, estima la FNC.
Las tierras mal habidas fueron apropiadas por personas del círculo de poder de la dictadura y por entidades no sujetas a la reforma agraria, que totalizan un total de 3.336 personas e instituciones, entre ellas seccionales del gobernante Partido Colorado, según consta en la página web.
Instituciones como el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) y la Procuradoría General de la República (PGR) promovieron en los últimos años diversas demandas para la recuperación de las tierras en favor del Estado.
Pero los usurpadores consiguieron que estas acciones judiciales no prosperasen, recurriendo a argumentos legales, como la prescripción de delitos, o a códigos civiles ya obsoletos.
Actualmente, según denuncian las organizaciones, es el propio Indert el que “legitima títulos (de tierras) obtenidos de manera irregular”, a través del Sistema de Información de Recursos de la Tierra (SIRT), un censo de colonias campesinas que ofrece datos sobre la localización y población de estas comunidades.
Según el director del SIRT, Hugo Giménez Recalde, los lotes que se incluyen en el sistema son los que ya tienen título definitivo, a pesar de que haya sido obtenido a través de informes fraudulentos.
La FNC, la OLT y Conamuri promueven una campaña de recogida de firmas para pedir al Estado paraguayo que intervenga en la recuperación de las tierras mal habidas.
La ONG Oxfam asegura que Paraguay es uno de los países con mayor concentración de tierras del mundo, donde menos del 3 % de la población es dueña de cerca del 85 % de la tierra.