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Esta mañana ambas debían presentarse la audiencia de revisión de sus medidas, sin embargo no lo hicieron, motivo por el cual el abogado solicitó la declaración de rebeldía y además pidió que se imparta orden de captura en contra de ellas, informó Perla Silguero, periodista de ABC Color.
Las hermanas se encuentran con arresto domiciliario, tras ser imputadas por estafa y producción de documentos no auténticos, pero con permiso a ir a trabajar según explicó el profesional. Duarte solicitó la revisión debido a que aumentado el perjuicio a su cliente, de 15.000 millones a 40.000 millones de guaraníes.
Esta investigación también afecta a las empleadas de la empresa Viradolce SA Carmen Pino y Carmen Sosa López, también por estafa y producción de documentos no auténticos, mientras que por reducción y otros delitos están procesados los hijos de Annie, Diego Rubén, Horacio Daniel y Silvia Giménez Gibbons, esta última esposa del viceministro de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior, Jorge “Turi” Cappello.
La imputación fue ampliada contra el actual intendente Lambaré, Armando Ramón Gómez (PLRA), por lavado de dinero, reducción y obstrucción a la restitución de bienes.
Anie Victoria Gibbons y Carmen Pino eran funcionarias de la firma Viradolce SA, una empresa que se dedica la cría, engorde y genética de bovinos y equinos, así como a compra y venta de ganados en general, perteneciente a la empresaria Maris Llorens. La misma efectuó la denuncia en contra de las hoy imputadas.
El fiscal Vera indica que de acuerdo a las diligencias realizadas, existen suficientes elementos de sospecha que apuntan a que Fabiola Gibbons depositaba los cheques de la cuenta de Viradolce SA, a su cuenta del banco Itaú, para lo cual tuvo que haber falsificado el endoso de los beneficiarios de los cheques, que la realizó en forma conjunta con su hermana y jefa, Annie Victoria Gibbons, quien era la contadora externa de Viradolce SA y encargada de entregar los cheques a los proveedores.
También el fiscal considera que la repetición de hechos no se podía haber realizado sin la intervención de Carmen Teresa Pino González, quien era encargada de un control posterior para verificar que los cheques hayan sido retirados por los proveedores y de registrar qué facturas fueron efectivamente pagadas y cuáles no.