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Manifestaron que les llama la atención que pese a una orden judicial que les prohíbe acercarse a la institución, la misma sigue asistiendo. Los padres se enteraron de esta situación cuando la madre de un menor de seis años denunció supuesta discriminación de los directivos del CESS, por padecer una enfermedad.
El fiscal Christian Roig había imputado a la directora por haberle pegado en el rostro a A. M.G.S. de 15 años, el 18 de noviembre de 2015, alumno entonces del primer año de la media. Fue ante varios alumnos, en el patio de la institución. A Benítez de Samudio le molestó que el adolescente estuviera sentado en un banco con su novia.
Los padres del menor indicaron que el juez penal de garantías, Gustavo Bóveda, elevó la causa a juicio oral, el 26 de octubre de 2016. Sin embargo, el abogado defensor, Oscar Said, interpuso el recurso de apelación general, pero la Cámara de Apelaciones integrado por los magistrados María Lourdes Cardozo de Velázquez y María Teresa González de Daniel, resolvió que no es admisible porque es irrecurrible el auto de apertura a juicio oral.
Por otro lado, los progenitores del chico señalaron que la mujer contaba con arresto domiciliario, dictado en abril de 2016 por la jueza de turno Elsa Idoyaga. Sin embargo, a pedido de su abogado que ofreció una fianza de G. 30 millones fue beneficiada con medidas por el juez Bóveda, que ni siquiera cumplió como ser el de no acercarse al colegio.
El abogado de la directora, Oscar Said, dijo que ella goza de la presunción de inocencia establecida en la Constitución Nacional y en la Ley. “Ella es inocente hasta tanto exista una resolución en contra. Hemos cuestionado algunas resoluciones del juzgado penal de garantías. Un recurso de inconstitucionalidad se encuentra en la Corte, porque creemos que se han vulnerado los derechos de la señora Benítez de Samudio”, acotó escuetamente.