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Los hechos por los cuales fueron acusados son producción de documentos no auténticos y alteración de datos relevantes para la prueba, ambos tipos penales tiene una expectativa de pena de cinco años. El “modus operandi”, según relató la alumna Sofía Astaburuaga Fisher (quien no fue incluida en el proceso), era que los alumnos se inscribieran a los dos exámenes y se ausentaran. Esto daba “vía libre” para realizar los irregulares cambios.
Todas las declaraciones de los estudiantes imputados sindican como autores de la adulteración de las calificaciones de las actas de la carrera de Derecho a los funcionarios Víctor David Oviedo Arce, Eduardo Ariel Barrios Villalba y Claudio Ramón Aponte Steiner cuando estos cumplían funciones en la secretaría de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Diplomáticas (FCJD) de la Universidad Católica.
Los demás procesados en la causa, unos 20 de ellos fueron luego de admitir el hecho fueron beneficiados con criterio de oportunidad, deberán donar en total 100 millones de guaraníes a diferentes entidades de beneficencia.
Por otro lado las fiscales Claudia Morys y Raquel Brítez imputaron a dos personas más, Antonella Sandoval Reniu y María Belén Whitinslow.