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La fiscal de Delitos Económicos Yolanda Portillo acusó a Luis Alberto Riart, por lesión de confianza en calidad de autor por la compra de manera “urgente” del edificio Excelsior, ubicado en las calles 15 de Agosto entre Benjamín Constant y Presidente Franco, perteneciente a María Josefina Scavone, por la suma de G. 14.045.123.400, unos US$ 3.1 millones.
La adquisición se hizo por la vía de la excepción, en carácter de urgente a finales del año 2009, pero la transferencia del bien ni siquiera fue concretada. Riart fue ministro durante la presidencia de Fernando Lugo.
“Según el artículo 73 de la ley contrataciones públicas, para la adquisición de un inmueble de urgencia impostergable, solo puede ser invocada como un supuesto de excepción, cuando fuere probada concreta, objetiva e inmediata y de tal naturaleza que no pudiera esperarse el resultado de la licitación pública o licitación por concurso de ofertas, sino con grave perjuicio a los intereses públicos”.
Uno de los motivos que el MEC argumenta para la compra es la falta de espacios físicos en los edificios dependientes del Ministerio de Educación y Cultura, lo cual producía un hacinamiento de personas hacia ciertas dependencias que no están relacionadas entre sí, y en consecuencia tenían que compartir un mismo archivo.
Durante la investigación fiscal se ha corroborado que no existía una urgencia impostergable que justifique la compra por excepción del edificio, ya que en el contrato se estipuló que el vendedor tenía que entregar al comprador la posesión del inmueble recién el 23 de marzo del 2010, tres meses después de la firma del contrato (23 de diciembre 2009); en la práctica la posesión del bien se entregó el 30 de abril del 2010. “En dicho punto se observa claramente que la urgencia alegada no era el verdadero motivo por el cual se adquirió el edificio”, dice la fiscal.
Otro punto en el cual hace hincapié la acusación es en la contradicción de las autoridades del MEC, es en que se eligió un proceso de excepción para adquirir el inmueble y luego se eligió un proceso de licitación para remodelarlo. Ya que la mayor parte del edificio Excelsior estaba preparado para vivienda y no se encontraba en condiciones para ser ocupado, necesariamente se debía de realizar remodelaciones, que finalmente serían para 32 personas.
Continúa diciendo el escrito que el Ministerio de Educación pagó la suma sin que se le transfiriera la propiedad a dicha cartera de Estado, además que por el monto por el cual se adquirió el edificio debió haberse convocado a una licitación pública.
José Albino López Pistilli, exdirector general de administración y finanzas, fue acusado por lesión de confianza en calidad de autor, por haber firmado en representación del Ministerio de Educación y Cultura el contrato de compraventa del inmueble individualizado.
Luis Fretes Prieto, excoordinador de la UOC, fue acusado por lesión de confianza en calidad de cómplice, por haber coordinado las acciones para justificar la compra del edificio del Excelsior por la vía de la excepción y, en tal sentido, haber recomendado mediante un dictamen justificativo la compra directa, a pesar de no reunirse los requisitos establecidos y por haber realizado acciones tendientes a elevar el monto de la evaluación realizada por el Consejo Nacional de la Vivienda con el objetivo de que finalmente la compra se realice por el monto de G. 14.045.123.00.
Marco Antonio Ferreira Basualdo, jefe de la asesoría de la Unidad de Contrataciones Operativas (UOC), fue acusado por lesión de confianza en calidad de cómplice, por haber recomendado la compra directa por la vía de la excepción del inmueble a pesar de no reunirse los requisitos, y con su conducta ayudó al exministro Luis Alberto Riart a resolver la adjudicación del procedimiento de contratación.