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Según indica el escrito de los abogados de la empresaria Marys Llorens, la conducta de los funcionarios del Banco Itaú SA resulta sospechosa, debido a que en ningún caso la empresa Viradolce SA solicitó crédito para cubrir cheques.
De acuerdo a la investigación, el perjuicio patrimonial que se ha ocasionado a Viradolce S. A. rondaría la suma de G. 35.000.000.000, por ello, resulta “necesario y perentorio obtener toda la información y las evidencias necesarias para posibilitar el seguimiento de los fondos de la manera más rápida posible, así como la identificación de los destinatarios de los mismos, la determinación de las medidas tomadas por el Banco Itaú SA, en su carácter de prevenir el lavado de dinero y a identificar a los funcionarios, empleados y miembros directivos de la entidad con responsabilidad en los hechos investigados”, indican los abogados de la empresaria.
Viradolce solicita al Ministerio Público que obtengan una orden judicial de allanamiento para la sede del Banco ITAU S.A., casa central, ubicada en Avda. Brasilia esq. Avda. España y de la sucursal Denis Roa y secuestrar los documentos relacionados a la apertura de cada una de las cuentas abiertas a nombre de las procesadas por la supuesta estafa a la empresa, Carmen de Lourdes López Sosa, Fabiola Bareiro Gibbons y Anie Victoria Gibbons de Giménez.
Piden también confiscar los formularios completados y firmados por cada una de ellas; documentos entregados, verificaciones realizadas y análisis elaborados por el Banco. Además de todas las documentaciones de actualización de datos y de cumplimiento de la obligación “Conoce a tu Cliente” que tiene el Banco, de cada una de dichas clientes: Carmen de Lourdes López Sosa, Fabiola Bareiro Gibbons y Anie Victoria Gibbons de Giménez.
De acuerdo al pedido también solicitarán el perfil elaborado por el banco con respecto a sus clientas Carmen de Lourdes López Sosa, Fabiola Bareiro Gibbons y Anie Victoria Gibbons de Giménez y que ha estado vigente en la entidad bancaria, entre enero de 2013 y agosto de 2015. Finalmente solicitan individualizar a cada uno de los funcionarios y empleados del citado banco que participaron en el proceso de establecimiento del perfil de las ahora procesadas.
Las hermanas Fabiola Bareiro Gibbons de Gómez- esposa del intendentable liberal lambareño Armando Gómez- y Anie Victoria Gibbons -suegra del actual viceministro de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior "Turi" Capello-, según la investigación del fiscal Miguel Vera, serían las principales implicadas en el caso de estafa contra la empresaria Marys Llorens. Posteriomente fue imputada Silvia Noelia Giménez Gibbons, esposa de Capello y sus cuñados, Diego Rubén y Horacio Daniel, por los delitos de obstrucción a la restitución de bienes, reducción y lavado de dinero.
Por su parte, el banco negó categóricamente, a través de un comunicado, cualquier implicancia en el hecho investigado de lavado de dinero. En el escrito, se defienden de las acusaciones señalando que, contrariamente a lo señalado en la denuncia, la situación fue detectada mediante mecanismos de verificación y control que posee la institución.
“Desde Banco Itaú ratificamos que todos nuestros mecanismos de prevención de lavado de dinero se encuentran conforme a las normativas establecidas por la legislación y los órganos reguladores, y que están sometidas a las continuas verificaciones de auditorías internas y externas, así como las realizadas por el Banco Central".