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Silvero afirma que la sentencia definitiva Nº 676, otorgada por el juzgado en lo Civil y Comercial del 9º Turno de la capital, ordena que le sea restituida la propiedad que le fuera despojada por los que él llama "usurpadores brasiguayos" con el apoyo de funcionarios deshonestos, según el texto.
Sostiene que dentro del inmueble, sobre el río Ñacunday, “existe un promontorio de piedras basálticas, lugar no apto para la agricultura, y que según versiones dadas por los lugareños, este lugar está siendo utilizado como cantera, y que de la misma, están o estaban siendo extraídas en forma bruta, a camionadas para su utilización, en las carpetas pétreas de las distintas arterias del Municipio de Ñacunday hoy Santa Rita".
Agrega que "que como legítimo propietario jamás he autorizado a persona o institución alguna a realizar ningún tipo de extracción de este material de mi finca; es más, se encuentra en proceso una denuncia penal contra personas innominadas por esta ilegitima apropiación”.
Pide que se aclare la falta, ya que se trataría de una polución del río sin contar con la licencia ambiental requerida para este tipo de actividad.
Según los datos, la cantera, aún en funcionamiento, es propiedad de la municipalidad y que además abrió un parque industrial en el lugar.
El intendente Concepción Silvero sostiene que la Comuna adquirió 30 hectáreas del inmueble de un ciudadano de nombre Alceo Lui y que los demás ciudadanos que explotan la finca 2.382, la mayoría con cultivos de soja en este momento, son los legítimos propietarios y que el título de Silvero se hizo "aterrizar" en el lugar. Y antes de la Navidad, había afirmado en una emisora de radio local que defendería de manera “legal e ilegal” a los ocupantes y al patrimonio municipal.
Incluso, informó al presidente de la República, Horacio Cartes, que había convocado a la población a mantenerse alerta ante un posible desalojo para defender el patrimonio municipal y de los demás ciudadanos.
Existe un mandato judicial de restitución y una orden de desalojo ante el incumplimiento de la primera orden judicial, pero la Policía hasta el momento no cumplió con la orden de desalojo.
Silvero sostuvo que es inconcebible que una autoridad esté convocando a la ciudadanía a desobedecer un mandato judicial. Afirmó que con este tipo de actitud se busca instalar un caos jurídico y se desalientan las inversiones en el país.