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Teresa Rojas, ministra Anticorrupción, se dirigió a la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, para pedir informes sobre el estado de una denuncia presentada por Rubén Ayala Bogado, exsecretario general del Sindicato de Profesionales y Trabajadores del Ministerio de Industria y Comercio (MIC).
Rojas explica que dicha denuncia fue recibida en la Secretaría Nacional Anticorrupción el 4 de octubre del 2018. Agrega que el sindicalista hizo referencia a un reclamo presentado ante el Ministerio Público en diciembre del 2017 con relación a la auditoría practicada al MIC correspondiente al ejercicio 2015 y realizada por la Contraloría General de la República.
El abogado cuestionó que a diez meses de la presentación de dicha denuncia no se haya iniciado ninguna investigación por parte del Ministerio Público.
Nadia Ramírez, directora de Análisis y Seguimiento de Casos de la Secretaría Anticorrupción, comentó que la solicitud de informe tiene el objetivo de dar una respuesta sobre el estado de su denuncia al ciudadano.
Agregó que también aprovecharon para solicitar al Ministerio de Industria que realicen más investigaciones respecto a otras otras presuntas irregularidades en cuanto al cobro de incentivos por parte de los funcionarios.
La mencionada auditoría terminó con 245 páginas que contienen un total de 45 observaciones, 73 recomendaciones y 73 conclusiones respecto a diversas irregularidades detectadas durante la intervención en el 2015. En ese entonces, el titular del ministerio era Gustavo Leite y el contralor general interino era Roy Rodgers Canás.
Los interventores calificaron, por ejemplo, de “deficientes” los controles internos respecto a la rendición de cuentas y la entrega de tickets de almuerzo a funcionarios que estaban de vacaciones o con reposo médico. Asimismo, señalaron que se elevaron los gastos en servicios gastronómicos y detectaron muchas deficiencias en la carga de combustibles y el uso de automóviles del ministerio.
Además, en uno de los puntos señalan que se beneficiaron con el pago de pasajes para eventos internacionales a personas sin que las mismas figuren en el registro de movimiento migratorio del Ministerio del Interior en las fechas en las cuales supuestamente viajaron.
Igualmente, se detectó el pago de remodelaciones estructurales que no fueron realizadas y entrega de bienes diferentes a los solicitados o estipulados en los documentos presupuestarios.