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La Cámara de Diputados decidió solicitar un informe detallado a la Contraloría General de la República sobre los bienes patrimoniales de todos los fiscales, asistentes fiscales y funcionarios integrantes de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción del Ministerio Público.
El pedido de informe afecta a quienes durante los últimos cinco años hayan trabajado en esa unidad y se señala además que la Contraloría deberá librar pedido sobre cualquier dato de estas personas en las instituciones públicas o privadas.
El pedido, que fue presentado por el polémico diputado liberal Carlos Portillo, se funda en "la necesidad del pueblo de conocer el desempeño de sus autoridades", sobre todo de un organismo tan importante como lo es la Fiscalía Anticorrupción.
"Hoy el ciudadano se pregunta ¿por qué tantos agentes fiscales comenten (sic) abusos sobre las personas? En los últimos días las redes sociales de comentarios y opiniones de todo tipo, acerca de las actuaciones de la Fiscalía General del Estado. La prensa, por su parte, nos ha referido un sinnúmero de actuaciones y procesos judiciales incoados por los, dícense, representantes de la sociedad, bajo el manto respetable del Ministerio Público, presentados estos -los procesos e imputaciones- como actuaciones regulares, protagonizadas con bombos, platillos y primeras planas para estos, los señores agentes fiscales" (sic.), señala parte del pedido.