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Luego de que la semana pasada tomara estado público el caso de una adolescente de 14 años, embarazada por abuso sexual, que sufrió una embolia y tres paros cardíacos después de que los médicos intentaran sin éxito que tuviera un parto vaginal, la organización internacional Human Rights Watch (HRW) se pronunció llamando la atención de las autoridades paraguayas sobre la necesidad de cambiar las normativas que criminalizan el aborto, sobre todo en niñas y adolescentes embarazadas en situaciones como abuso sexual e incesto.
Esta señal de alerta del organismo internacional se da coincidentemente el día en que una adolescente de 16 años falleciera al dar a luz a gemelos en Pedro Juan Caballero y que una pequeña de diez años falleciera en extrañas circunstancias en Guayaibí. Tras la autopsia, los profesionales señalaron que hay indicios de que la niña fue víctima de abuso sexual.
En una nota publicada hoy, Margaret Wurth, investigadora de la División de Derechos del Niño de Human Rights Watch, destaca sobre todo la imposibilidad de que las víctimas decidan sobre si quieren abortar o no, considerando las circunstancias lamentables en las que quedaron embarazadas.
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“No sabemos si la niña de 14 años que murió la semana pasada deseaba someterse a un aborto. La decisión de interrumpir un embarazo es absolutamente personal. Tal vez habría optado por continuar el embarazo incluso si el aborto legal fuera una alternativa. Pero, como mínimo, ella y su familia, algún representante de su religión o una persona de confianza, y el médico que la atendía deberían haber tenido la posibilidad de conversar y considerar el riesgo que suponía seguir adelante con el embarazo y la opción de interrumpirlo”, señala Wurth.
Recuerda que en nuestro país el aborto es ilegal en casi todas las circunstancias. La única excepción es cuando un embarazo genera complicaciones con riesgo para la vida. “Esta excepción muy restringida no es suficiente para proteger la vida, la salud y la dignidad de las niñas y las mujeres”, subraya.
Se refiere, además, al caso de “Mainumby”, la niña de 10 años que en 2015 quedó embarazada luego de ser violada por su padrastro. Su madre pidió autorización para que la niña se sometiera a un aborto, pero las autoridades rechazaron el pedido. La niña dio a luz a los 11 años. “Es decir, una víctima de violación sexual de apenas 11 años de edad fue obligada a experimentar la maternidad contra su voluntad. Esto podría haberse evitado si el país permitiera que hubiera abortos seguros y lícitos”, señala.
Indican que expertos internacionales han manifestado que impedir el acceso al aborto para las víctimas de violación puede equivaler a tortura. Citan, además, las estadísticas del Ministerio de Salud Pública de Paraguay, que hablan de que todos los días cuatro niñas sufren violencia sexual y dos niñas menores de 15 años dan a luz.
“Paraguay debería derogar todas las leyes que criminalizan el aborto. Incluso excepciones restringidas posibilitarían salvar algunas vidas, al permitir que los médicos, con el consentimiento expreso de sus pacientes, interrumpan un embarazo cuando sea necesario proteger la vida o la salud de una mujer o niña, cuando el embarazo sea resultado de violación o incesto, o cuando el feto sea inviable. Las autoridades paraguayas deberían tomar medidas inmediatamente, antes de que otras adolescentes sufran las consecuencias de las restricciones al aborto que existen en el país”, finaliza la nota publicada por la investigadora de la HRW.