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El titular de la Dirección de Reparación y Memoria Histórica señaló que de un total de G 675.000.000, el 50% está en poder del Comité de Iglesias, mientras que el 50% restante está retenido hasta que se constate un 80 por ciento de ejecución.
En ese sentido, Goiburú aclaró que hasta el momento la ejecución no completó el porcentaje mencionado, debido a que no se ha firmado el convenio entre el Ministerio de Justicia y el CIPAE, establecido durante la administración anterior de la cartera estatal, por lo tanto el dinero no puede ser desembolsado.
“Lo que se tiene que hacer es pulir el convenio, ya que hay detalles como el monto a pagar a los antropólogos, así como los lugares donde focalizar la búsqueda”, señaló.
Goiburú consideró además que el acuerdo debe tener el visto bueno de los profesionales argentinos que colaborarán con la identificación de los restos óseos.
“El presupuesto disponible solo abarca el proceso de identificación de los huesos, que incluye viaje, honorarios de los antropólogos, extracción de material genético de huesos, de sangre de familiares y el costo que demanda el perfil genético de la población paraguaya”.
Además deben tenerse en cuenta los gastos que demanda la búsqueda de los familiares en diversos puntos del país.
Desde el año 2006 hasta la fecha se han recuperado 27 esqueletos, “y se tiene que seguir apostando a recuperar más, siempre tuvimos la convicción que el Estado paraguayo tiene que responder por los crímenes de la dictadura, no podemos estar denegando responsabilidad a otra gente”, remarcó.
En otro momento el médico espera que el Congreso apruebe el plan anual para continuar con la búsqueda, especialmente en Cordillera, Caazapá, Alto Paraná, Itapúa, Central y Asunción.