CDE, “a la deriva”: urgen llegada de interventora

"Necesitamos adelantar el arribo de la interventora acá", afirmó el presidente de la Junta Municipal de Ciudad del Este, Miguel Prieto, ante el "caos" por la ausencia de Sandra McLeod. Incluso, hay funcionarios recaudando ilegalmente, acusan.

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"Acá en Ciudad del Este necesitamos que venga urgentemente la interventora. Tenemos muy buena referencia de su capacidad, pero necesitamos urgentemente que venga", insistió Prieto, alegando que existen denuncias de que hay funcionarios que "hacen lo que quieren" ante la aparente acefalía en la Comuna intervenida.

"Hay caos; me llaman por ejemplo los mesiteros y me dicen que hay un grupo de funcionarios que están repartiendo canon para los mesiteros y están cobrando por adelantado para 2 ó 3 años. Son cánones ilegales, irregulares y están realizando una recaudación rápida y fugaz y muchos mesiteros están cayendo en este juego", denunció entre uno de los hechos presuntamente irregulares.

Cabe recordar que la condición de la intendenta suspendida Sandra McLeod es una incertidumbre, ya que además presentó renuncia, la cual -tras la aprobación de la intervención- retiró de vuelta, pero el Tribunal Superior de Justicia Electoral ya la había admitido y convocó a elecciones, en un acto totalmente irregular. Finalmente, ayer el TSJE revió su resolución y desconvocó a las elecciones. 

"Necesitamos alguien que tome el timón porque estamos a la deriva; hay funcionarios que hacen lo que quieren. Tenemos facultades muy limitadas", recordó el titular de la Junta.

También adelantó que hoy se trataría el pedido de renuncia de McLeod, pero que existe un acuerdo mayoritario de rechazarlo, ya que consideran que sería un "premio" para la cuestionada jefa comunal. "Tenemos que enfocarnos en la intervención, dar todo nuestro respaldo a la señora (Carolina) Llanes", remarcó el concejal.

Justamente, la interventora indicó que el lunes se iniciaría el proceso, y que actualmente están ajustando todos los recaudos legales y sobre todo el decreto del Ejecutivo para iniciar el proceso de intervención que durará 60 días como plazo máximo.

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