Las medidas a adoptar serían, por una parte, la educación en la prevención de abusos sexuales y embarazos tempranos, ya que “Paraguay carece de una política integral de educación sexual”, dijo a Efe Norma Benítez, portavoz de una de las organizaciones integrantes del Movimiento.
Además, el Estado deberá asegurar que en los servicios de salud las niñas puedan interrumpir su embarazo, dado que “el embarazo temprano pone en riesgo su vida, y la ley paraguaya permite abortar en estos casos”, indicó Benítez. En este sentido, denunció que el caso de la niña que hoy dio a luz en un hospital de Asunción, conocida como Mainumby, marca un “triste ejemplo” de la actuación del Estado en casos de menores con un embarazo producto de una violación.
“En estos casos, a las niñas se las interna en una institución, se las aleja de sus familiares y se criminaliza a sus madres. Después, se las tortura obligándolas a llevar a término su embarazo, porque el embarazo forzoso está naturalizado en Paraguay”, aseguró la activista. Reclamó además que “el mismo Estado que obliga a las niñas a parir no les proporciona después asistencia” y afirmó que, en el caso de la niña Mainumby, “todos sus derechos, como el de la vivienda, la salud o la alimentación, están totalmente conculcados”, tanto para ella como para su hija recién nacida.
Benítez alertó además del caso de otra niña de 12 años de edad, embarazada ahora de cuatro meses como resultado de una violación a la que la sometió supuestamente su cuñado. La niña fue trasladada desde la localidad de Abaí, donde residía en el centro de Paraguay, hasta la misma institución en la que estuvo internada la niña Mainumby, en Asunción. “Estamos viendo un aumento de casos de niñas embarazadas por abusos sexuales, la mayor parte de los cuales son cometidos por padrastros, abuelos u otros miembros de la familia”, lamentó Benítez.
El caso de la niña Mainumby destapó una oleada de denuncias por abusos sexuales a menores en Paraguay, donde más de 400 niños y adolescentes fueron víctimas de abusos sexuales en el primer semestre del año. Además, en 2014, un total de 684 niñas de entre 10 y 14 años dieron a luz a bebés vivos, unos embarazos que a esas edades se consideran fruto de abusos sexuales y no de relaciones consentidas.