Los indígenas, del pueblo sanapaná, viajaron esta semana a Asunción para agilizar los trámites de titulación de los terrenos a favor de la comunidad, y se reunieron con los representantes de Codehupy, que acompañaron su reclamo ante la CorteIDH a través de la organización Tierraviva.
Los líderes de Xákmok Kásek reclamaron que se les restituya la totalidad de sus tierras ancestrales y se libere el fondo de desarrollo para la apertura de caminos, escuelas y puestos de salud, como establece la sentencia, , informó la Coordinadora de Derechos Humanos de Paraguay (Codehupy).
Los aborígenes recordaron que el Estado paraguayo ha abonado la cantidad de 27.000 millones de guaraníes (unos 4,6 millones de dólares) , que corresponden a la compra de 7.701 hectáreas del total de 10.700 que componen sus tierras ancestrales, según la sentencia, emitida en 2010.
Las 7.701 hectáreas adquiridas por el Estado paraguayo hasta ahora, cuyo último pago se efectuó el pasado 13 de enero, fueron compradas al ganadero estadounidense Roberto Eaton, propietario de la empresa Estancia Salazar, que ocupaba las tierras, ubicadas en el Chaco paraguayo.
Las restantes 3.000 hectáreas de las tierras ancestrales de Xákmok Kásek están ocupadas por la cooperativa agrícola Chortitzer, de empresarios menonitas, propietaria de la estancia Laguna He'ê ("dulce", en guaraní), que fue declarada como reserva natural.
Esta laguna “ocupa un lugar preeminente en la memoria y el imaginario de la cultura sanapaná”, ya que en la zona del Chaco “los espejos de agua dulce son altamente apreciados y motivo de una rica tradición narrativa y mítica”, según un comunicado de Codehupy.
Los indígenas sanapaná de Xákmok Kásek fueron expulsados de sus tierras hace más de tres décadas por el ganadero estadounidense Roberto Eaton y se vieron obligados a vivir al lado de una carretera, por lo que la CorteIDH consideró en 2010 que se habían violado sus derechos territoriales.
Durante el tiempo que permanecieron junto a la carretera murieron unas treinta personas, debido a sus precarias condiciones, y la CorteIDH responsabilizó al Estado de al menos trece de esas muertes, entre ellas las de once niños, recordó Codehupy.
El tribunal regional dio al Estado paraguayo un plazo para el cumplimiento de la sentencia que, tras una prórroga de un año, venció en 2014, pero hasta hoy el fallo solo ha sido acatado de manera parcial.
Por cada mes que se demora en cumplir totalmente con la sentencia, Paraguay debe abonar una multa de 10.000 dólares, pero Codehupy denuncia que no existe un mecanismo para aplicar esta sanción.
Ante la demora en la aplicación de la sentencia, la comunidad Xákmok Kásek decidió a comienzos de 2015 volver a ocupar su territorio, un paso que consideraron imprescindible para la recuperación de sus tierras.
El 76 % de los aproximadamente 116.000 indígenas de Paraguay vive en situación de pobreza extrema, según datos del Instituto Paraguayo del Indígena (INDI) , en su mayoría debido a que fueron desposeídos de sus tierras ancestrales durante la dictadura (1954-1989) y en la primera década de democracia.