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La nota señala que los trabajadores activos y jubilados de la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal presentaron a esta cartera de Estado una denuncia formal con documentos respaldatorios sobre supuestos hechos irregulares que vienen ocurriendo allí y son de larga data.
“Las situaciones denunciadas van desde supuestas subastas de propiedades de la institución con presuntos incumplimientos de requisitos legales, concesión de créditos siderales sin el debido respaldo, exoneración de devolución de los mismos a 'beneficiados privilegiados', otorgamiento de millonarios viáticos a los miembros del Consejo, entre otras presuntas maniobras, conforme se menciona”, expresa.
Agrega que los denunciantes hacen referencia a importantes pérdidas patrimoniales, por más de G. 2.000 millones, en uno de los hechos irregulares. Así también, destacan en la denuncia la subasta de inmuebles por un valor aproximado de G. 13.000 millones.
“La denuncia consta de tres partes: en un primer escrito, ponen a consideración de la ministra de Hacienda (Lea Giménez) la situación económica y financiera de la Caja Municipal; en otro, solicitan un dictamen por parte de Unidad Jurídica del Ministerio de Hacienda sobre los hechos relatados; y, en una última petición, solicitan la intervención de la referida entidad previsional”.
Ante esta situación, indica el informe, “el Ministerio de Hacienda, a través de las instancias correspondientes, analizará los antecedentes presentados conforme a la nota y realizará las denuncias que correspondieren ante las instancias respectivas”.
Además, la cartera señala que lamenta que este tipo de denuncias lleguen a la institución debido a la falta de un ente que se encargue del control del manejo los fondos, razón por la cual es imperiosa la necesidad de contar con un órgano regulador y supervisor que monitoree la administración de los recursos previsionales.
Por su parte, desde la Caja Municipal remitieron un comunicado en el que aclararon que la venta de inmuebles se realizó dentro del marco del procedimiento establecido por decreto 20132/2003 de la Presidencia de la República, y al precio tasado por dependencias técnicas del MOPC.
Añadieron que todos los créditos otorgados cuentan con respaldo documental e hipotecario.
Respondieron también que a su entender no corresponde ningún dictamen de la Unidad Jurídica del Ministerio de Hacienda, pues “en todo caso los denunciantes pueden concurrir directamente a denunciar los supuestos hechos punibles ante la Fiscalía de turno, que de hecho ya lo vienen realizando desde hace varios años”, dijeron, antes de agregar que “Ninguna de las denuncias contra la actual administración concluyó con sentencia condenatoria, estando a la fecha la mayoría sobreseída o desestimada”.
Explicaron también que la Intervención de las Cajas Previsionales “no está dentro de las facultades del Ministerio de Hacienda”.
Para la Caja Municipal “aquí se observa uno de los motivos del apuro para la aprobación de la ley que crea el sistema de Seguridad Social y la Superintendencia de Cajas de Seguridad: la figura de la intervención para administrar de esa forma los fondos previsionales”, critican.
Respondieron al Ministerio de Hacienda que “antes de lamentarse por las denuncias, el debería previamente cerciorarse de la fuente y de la información que obra en sus propias dependencias para determinar la veracidad o no de las mismas”, expresaron.
Recordaron también que la Contraloría General de la República, es la encargada de supervisar la gestión de la Caja Municipal. Agregan que también se cuenta con una auditoría externa e interna que “permanentemente monitorea las actuaciones cumplidas por el Consejo de Administración y demás órganos de la Caja”.
Aclararon también que el Ministerio de Hacienda “anualmente analiza y aprueba a través de sus reparticiones técnicas el presupuesto de la Caja”, por ende “existen instancias de control en las cuales el Mismo Hacienda es parte”, dijeron.