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Durante su descargo, el comisario Jara, imputado por una supuesta comisión de lesión de confianza en calidad de coautor, negó todas las acusaciones respecto a su participación con el hecho punible por el cual está bajo investigación.
Explicó que en el convenio de provisión de combustibles firmado entre Petropar y la Policía Nacional no existe una reglamentación “con mayores especificaciones, como ser registro de firmas de personas expresamente autorizadas para el retiro de tarjetas libres”.
Acotó que el encargado natural era el oficial inspector Richar Fernández, jefe de combustibles, “sin embargo Petropar entregó las tarjetas a cualquier persona” culpando de la situación a la falta de reglamentación, lo que imposibilitó ejercer una mayor supervisión específica “y con ello se podría haber evitado que se produzcan daños mayores”.
“No formé parte de la preparación ni suscripción del convenio de provisión de combustibles entre Petropar y la Policía Nacional”, se defendió el imputado y solicitó su desvinculación de la causa.
Jara se encuentra con medidas alternativas a la prisión bajo reglas de conducta, con una fianza real de G. 600 millones, cubierta con un inmueble valuado en G. 655 millones.