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“Nuestro gremio se encuentra sumamente preocupado por el hostigamiento permanente que sufre el colega (...) A esto se suma ahora, una demanda civil donde reclama un monto millonario (5 millones de dólares) a sabiendas que un periodista jamás podría tener esa suma”, señala un comunicado emitido este jueves 2 de julio por el gremio de periodistas judiciales.
Carlos Roland Romero, quien funge de abogado, dirigió serias amenazas vía WhatsApp al periodista Raúl Ramírez, a quien responsabilizó de las publicaciones periodísticas que hacen referencia a la falsificación de su título. A raíz de los constantes mensajes que recibía en su teléfono celular por parte de Romero, el trabajador de prensa realizó la denuncia ante la Fiscalía.
Incluso en comunicación con radio Ñandutí, Romero había dicho: “Él (Raúl Ramírez) agarra y dice un dispendio de disparates y me quema ante la sociedad como si nada”. Al respecto señaló que no irá hasta instancias judiciales, manifestando que “le voy a corregir como hombre, le dije que le voy a garrotear”.
En otro momento, el comunicado expresa su apoyo a Ramírez, “por una publicación imparcial que no contiene ningún tipo de agravio como manifiesta el demandante. La nota se limitó a informar un proceso judicial en curso como diariamente lo hacen todos los medios de comunicación”. Asimismo el documento exige a las autoridades judiciales el rechazo de la demanda que no sólo afectaría al periodista sino que “constituiría un nefasto precedente y una amenaza contra todos los comunicadores al coartar el derecho de la información pública, libertad de expresión y de prensa”.
Munido de un título que lo acredita como abogado, Carlos Roland Romero prestó juramento ante la Corte Suprema de Justicia, obtuvo su matrícula como profesional e intervino en más de 60 causas. Hoy está procesado, luego de que la UNA informara que no lo registra como egresado.
Según los antecedentes, ya en el 2005, Romero se había presentado como abogado de la por entonces popular modelo Helem Roux en un caso de coacción sexual entre otros ilícitos, por lo que había sido detenido por efectivos de la Policía Nacional del Guairá bajo cargos de supuesta producción y uso de documentos no auténticos. En ese entonces, Romero ni siquiera se halla habilitado como profesional del derecho en la Corte Suprema de Justicia.