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El embargo es reclamado por el abogado de Juan Pío Paiva, ex propietario del supermercado.Numidia Benítez Colmán es la madre de Ana Doralise Benítez, de 20 años, quien se desempeñaba como cajera en el siniestrado supermercado Ycua Bolaños. Ella, así como el resto de los empleados, tenía orden de no abandonar su puesto laboral. Durante el siniestro, la joven falleció, pese a que abandonó su lugar al intentar huir del incendio.
Hoy día, la madre recibe una orden de embargo solicitada por el abogado Raúl Netto, defensor de Juan Pio Paiva, propietario del supermercado. Por un lado, le exigen abonar la suma de G. 389.952.000 por "indemnización de daños y perjuicios", así como otra suma de G. 239.904.000, lo que sumado llega a G. 629.856.000.
Ante esta situación, las víctimas del siniestro emitieron un comunicado en repudio a esta medida manifestando su indignación.
"Ya me sacaron a mi hija y no sé qué más quieren de mí. Soy una persona humilde, soy funcionaria pública y tengo miedo que me saquen mi único sostén. No tengo ni casa. En vez de acercarse ellos a mí, me quieren sacar", expresó a ABC Digital la acongojada madre.
"Me dijeron que por la negligencia de los abogados Filemón y Froilán Delvalle; el error es que no hicieron nada y por eso caducó de ellos el expediente, nunca me avisaron nada. Siempre le llamaba a Froilán para saber cómo está el caso y me decían que no me preocupe", sostuvo.
Agregó que se enteró por otra persona que le avisó creyendo que iba a cobrar esa suma pero no era así. "No entiendo cómo funciona la justicia, de dónde lo que voy a sacar esa suma, no sé hasta cuándo voy a vivir", sostuvo.
La madre expresó que el lunes se reunirán en el memorial con las demás víctimas para ver qué medidas tomar. Además de la señora Numidia, otras víctimas también se encuentran en la misma situación acongojadas por órdenes de embargo que les fueron remitidas.
Hoy día, la madre recibe una orden de embargo solicitada por el abogado Raúl Netto, defensor de Juan Pio Paiva, propietario del supermercado. Por un lado, le exigen abonar la suma de G. 389.952.000 por "indemnización de daños y perjuicios", así como otra suma de G. 239.904.000, lo que sumado llega a G. 629.856.000.
Ante esta situación, las víctimas del siniestro emitieron un comunicado en repudio a esta medida manifestando su indignación.
"Ya me sacaron a mi hija y no sé qué más quieren de mí. Soy una persona humilde, soy funcionaria pública y tengo miedo que me saquen mi único sostén. No tengo ni casa. En vez de acercarse ellos a mí, me quieren sacar", expresó a ABC Digital la acongojada madre.
"Me dijeron que por la negligencia de los abogados Filemón y Froilán Delvalle; el error es que no hicieron nada y por eso caducó de ellos el expediente, nunca me avisaron nada. Siempre le llamaba a Froilán para saber cómo está el caso y me decían que no me preocupe", sostuvo.
Agregó que se enteró por otra persona que le avisó creyendo que iba a cobrar esa suma pero no era así. "No entiendo cómo funciona la justicia, de dónde lo que voy a sacar esa suma, no sé hasta cuándo voy a vivir", sostuvo.
La madre expresó que el lunes se reunirán en el memorial con las demás víctimas para ver qué medidas tomar. Además de la señora Numidia, otras víctimas también se encuentran en la misma situación acongojadas por órdenes de embargo que les fueron remitidas.