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Zulma Sosa, exdirectora de la Dirección de Estadísticas, Encuestas y Censos (DGEEC) hasta enero de 2013 y a cuyo cargo estuvo el Censo Nacional de 2012 –un fracaso en cuanto a cobertura poblacional– fue sancionada con “30 días de suspensión sin goce de salario”. Además, fue destituida del cargo de autoridad que mantenía en la Secretaría Técnica de Planificación.
La misma “suerte” corrió Óscar Barrios, quien se desempeñaba como director de Estadísticas Sociales y Demográficas hasta la semana pasada. Ambos funcionarios públicos estaban sumariados por no haber cumplido de manera completa el censo de 2012 en cuanto a la cobertura poblacional. Se alcanzó un pobre 76,3%, lejos del 90% del estándar internacional exigido para que el estudio sea válido.
Sin embargo, tras el cambio de Gobierno en agosto del año pasado fue asignada como directora interina Elizabeth Barrios, quien hasta 2013 se desempeñaba como directora de Planificación de la DGEEC. Barrios, también una de las responsables del censo fallido, no fue sumariada y ocupa de manera provisoria la titularidad de la DGEEC.
El ministro de la Función Pública, Humberto Peralta, conversó con ABC Color y dijo que no estaba conforme con la sanción impuesta por la jueza de sumario del caso, aunque acotó que como ministro secretario no tiene injerencia alguna en las resoluciones de los magistrados de sumarios.
Peralta dio a entender que la falta en la que incurrieron Zulma Sosa y Óscar Barrios (inclusive el haber falseado datos del censo 2012 y presuntamente manejado mal los millonarios montos que tenían a disposición) merecían una “sanción más drástica”.
“Yo no estoy de acuerdo. A título personal, yo no estoy de acuerdo con esa medida. El ministro no tiene ninguna injerencia en las decisiones de los jueces de sumario. Los jueces tienen la autonomía. Estamos también evaluando semestralmente a los jueces de sumario. Los que no parecen que llenan las expectativas, vamos a cambiarlos. No estoy satisfecho con esa medida”, dijo Peralta a este diario.
Peralta insinuó inclusive que los dos funcionarios –Zulma Sosa y Óscar Barrios– merecían la destitución y la inhabilitación para ejercer un cargo público durante un tiempo (de dos a cinco años).
“Yo hubiese esperado como ciudadano, ya no como ministro, una sanción un poco más drástica. Por ejemplo, el Presidente me pide que publique datos oficiales de cargos que se han concursado y no puedo estar diciendo hoy ‘tengo 10.000 cargos concursados, administrativos’ cuando que en la práctica tengo solamente 2.000. Es una irresponsabilidad”, manifestó Barrios sobre el caso de falseo de datos del censo de 2012. Se hizo figurar el 85% cuando ni siquiera se tenía el 73% de cobertura poblacional.
“Falsear datos de contenido público es algo gravísimo para los intereses del país”, disparó.
El Censo Nacional del año 2012 tuvo una cobertura poblacional del 76,3% y, por ende, no puede ser ni es considerado válido.
Para llevarse a cabo, se solicitó un préstamo de US$ 12.500.000 del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Estado paraguayo aportó US$ 5.500.000. En total, el estudio fue presupuestado en US$ 18.000.000.
Del fallido Censo Nacional 2012 solo quedan US$ 1.718.975 del préstamo del BID y US$ 226.000 del dinero estatal. El total disponible es de US$ 1.944.975. Estos datos fueron proveídos por el propio BID y la directora interina de la DGEEC, Elizabeth Barrios.
Barrios dijo el mes pasado que restaban US$ 8.200.000 del total. Hoy dice que hay menos de US$ 6 millones de esa cifra que dio en una entrevista con ABC Color.
La actual directora de la DGEEC fue la directora de Planificación del Censo Nacional 2012. Como es de suponer, defiende su gestión y dice que, a pesar de que el estudio en general no es válido, tiene puntos positivos como la cobertura del Censo de Viviendas y el Censo Indígena, que sí se completaron.
Elizabeth Barrios atribuyó la incompleta cobertura a la “disponibilidad tardía de los recursos provenientes del crédito del BID, debido al atraso en la aprobación del Préstamo en el Congreso Nacional”, al “sistema de gestión administrativa del ámbito público no adecuado a los requerimientos de una contratación masiva y pago del personal en corto plazo” y al “cambio de Gobierno (en junio de 2012)”.