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Sobre este punto, Velázquez manifestó que la Vicepresidencia y el Parlasur trabajarán en conjunto para obtener mayores beneficios del Mercosur para Paraguay.
El vicepresidente expresó que el primer paso en estas gestiones será “hacer lobby” con sus pares parlamentarios en Argentina y Brasil. Destacó que el objetivo principal de la mesa de trabajo será ratificar los Fondos para la Convergencia Estructural del Mercosur (Focem), lo que significaría para Paraguay unos US$ 550 millones dentro de los próximos 10 años.
Por su parte, el parlasuriano Tomás Bittar indicó que la reunión con el vicepresidente fue interesante y productiva. Comentó que entre los puntos más importantes que van trabajar -además del Focem- están los tratados de libre navegación y libre paso fronterizo de personas y servicios, que muchas veces no se cumple.
“Vamos a tratar temas como el de este buque que quedó varado en Argentina, también productos paraguayos que se pudren por capricho de las autoridades aduaneras de otros países, sabiendo bien que está el Tratado de Asunción”, señaló.
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Las gestiones que las organizaciones estatales iniciaron se dan luego de una serie de violaciones de tratados y convenios entre los países que integran el Mercosur, en perjuicio de Paraguay.
El caso que tomó mayor notoriedad fue el del buque “Doña Annette”, retenido por la Prefectura Naval Argentina por 17 días en en el puerto de Paraná.
La Cancillería Nacional y otras instituciones nacionales tuvieron que intervenir para conseguir la liberación de la embarcación, que durante el tiempo que estuvo “secuestrada” en el vecino país perdió 7,5 millones de litros de gasoíl, producto que transportaba.
Para continuar con su trayecto, las autoridades argentinas pidieron que el buque "Doña Annette" cumpliera con 26 requisitos, muchos de los cuales no condicen con la letra del acuerdo de libre navegación.
En esta ocasión, Carlos Muñoz, presidente del Centro de Armadores Fluviales y Marítimos (Cafym), comentó que las violaciones al tratado de libre navegación son un problema que se arrastra desde 2014 y que son una “cuestión política”.
A este se caso se suman numerosas denuncias principalmente de comerciantes nacionales, quienes frecuentemente son víctimas de numerosas trabas impuestas por los países vecinos pese a que existen tratados que los habilitan para trabajar libremente.