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El secretario de Estado dijo a ABC Cardinal que el sistema de evaluación de GAFI es dinámico. Resaltó que nuestro país trabajó ya en el rediseño del manual de riesgos, que es la base del plan de prevención de lavado de dinero.
Recordó que en la evaluación a la que se sometió Paraguay en 2008 “no sabían de la tormenta que se venía”, ya que se debutó con una mala calificación. “De la experiencia hoy sabemos qué decir”, acotó.
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Expuso que el foco de la evaluación se centra en los resultados de las investigaciones y de las condenas, por ello se creó una comisión que integra a la Fiscalía, el Ministerio del Interior, órganos contralores y el Poder Judicial.
Sostuvo que en 2015 hubo 2.500 reportes de operaciones financieras sospechosas y 2017 cerró con 11.500; es decir, la cifra se cuadruplicó. En ese sentido, puso en duda que todos los reportes sean efectivamente operaciones dudosas. “La regla de oro es conocer al cliente. Si conocés al cliente a profundidad, no te pueden sorprender sus operaciones. Si se va a reportar todo, no sirve de nada”, dijo.
La coordinación interinstitucional es el segundo ítem a ser calificado, menciona López. “Se está mejorando la coordinación. Los reportes deben ser de calidad. Para mí, no es el número de reportes, sino el número de procesos y condenas”, aseveró.
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Al respecto, dijo que Paraguay tiene alrededor de 90 condenas por lavado de dinero, pero en algunos casos se llegó a condenas por otros hechos punibles más fáciles de comprobar, por lo que la cifra pudo ser más elevada.
Sobre las críticas por la deficiencia de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), aseguró que la institución no cuenta con tecnología adecuada, funciona con presupuesto escaso e insuficiente paga al personal. “El Estado paga mal. El Poder Ejecutivo es el que peor paga. Este es el primer problema”. Sin embargo, asegura, se hace un enorme trabajo para detectar los casos de lavado.
Sobre la evaluación de GAFI, dijo estar confiado en cuanto al marco legislativo, ya que nuestro país cuenta con 12 leyes que regulan la actividad financiera.
En ese sentido, sostuvo que la figura del terrorismo financiero, que consiste en alterar el mercado, es decir, montar una campaña de desprestigio contra alguna entidad financiera, no está castigado en Paraguay, pero sí el financiamiento al terrorismo, que está tipificado como delito.
La primera evaluación de GAFI se iniciará en abril y el resultado se verá en el año 2020. “Siempre vamos a tener la pata débil de la efectividad; vamos a tener que esmerarnos. Pero tenemos cosas que mostrar”, expresó.
López aseguró que, si bien el informe sobre las operaciones sospechosas de Darío Messer -empresario brasileño buscado a nivel internacional por lavado- demoró en presentarse, “llegó cuando tenía que llegar” y que, gracias al reporte de Seprelad, actualmente se investiga el caso.
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“Independientemente de la demora, se entregó el informe, hay una investigación. Seprelad tiene sus debilidades, tiene capital humano no adecuado, no tiene tecnología, pero el proceso de investigación está”, se defendió.
Aseguró que, más allá de Messer, hay que preocuparse de esa cantidad de reportes sospechosos en contraste con la poca eficiencia de investigación posterior. De acuerdo a las estimaciones, el lavado de dinero mueve unos US$ 4.000 millones en el mercado negro.