María Stella Cáceres y su pareja, el premio Nobel de la Paz Alternativo Martín Almada, recordaron hoy ese hallazgo, realizado en una comisaría del municipio de Lambaré, unas 700.000 páginas de documentos secretos que prueban los crímenes de lesa humanidad de esas dictaduras, entre ellas la del paraguayo Alfredo Stroessner (1954-1989).
Cáceres dijo tras ese acto, en el Museo de las Memorias, en Asunción, que tanto el descubrimiento, en 1992, como el reconocimiento de las víctimas no fueron obra del Estado paraguayo, sino de los grupos de derechos humanos. “Paraguay no ha honrado a las víctimas. Lo que se ha logrado en cuanto a avances ha sido por influencias, por decisión y por trabajo de organizaciones sociales y defensores de derechos humanos.
Somos nosotros los que creamos la Comisión de la Verdad y los que hicimos los Tribunales Éticos e investigamos”, indicó Cáceres. Los documentos encontrados son determinantes para conocer el Plan Cóndor, la operación de coordinación de la represión, persecución y exterminio de los opositores políticos a las dictaduras del Cono Sur de América durante las décadas de 1970 y 1980, que fue coordinada por el Gobierno de Estados Unidos.
Cáceres explicó que entre los miles de documentos se encontraron las órdenes de “cómo se debían organizar país por país, qué funciones debían cumplir cada uno de ellos y además las fichas de determinados prisioneros que fueron víctimas del Cóndor”. Añadió que ese descubrimiento tampoco ha sido valorado en su justa medida por la Justicia de Paraguay, al contrario de las de otros países de la región“. La importancia del descubrimiento es enorme, no ha sido valorado por la Justicia nacional, pese al caudal probatorio inmenso, pero sí ha sido aprovechada por otros países y por las víctimas y organizaciones que han podido llevar a cabo otros juicios”, afirmó Cáceres.
En ese sentido, señaló que el archivo impulsó a llevar ante la Justicia a los culpables de las torturas, asesinatos, desapariciones y detenciones aleatorias durante las dictaduras del Cono Sur. Cáceres destacó el aporte de esos documentos en el proceso del juez español Baltasar Garzón contra el dictador chileno Augusto Pinochet, acusado de crímenes de lesa humanidad. En el caso paraguayo, Cáceres declaró que el descubrimiento sirvió para que el Gobierno de Andrés Rodríguez (1989-1993), posterior a la dictadura, firmara tratados internacionales y ratificara el respeto a los derechos humanos que los documentos encontrados constatan que fueron violados por la dictadura de Stroessner.
“Fue tan grande esta ruptura que el Gobierno se vio obligado a ratificar el Pacto de San José de Costa Rica, la Convención de Derechos Humanos para que pudiera entrar a tener vigencia a nivel nacional”, dijo Cáceres. Al acto de hoy en el Museo de las Memorias, que rescata objetos, testimonios y documentación sobre la represión y atrocidades de esas dictaduras, se volvió a recordar la memoria de las víctimas y se subrayó en la necesidad de que Paraguay siga buscando a sus detenidos desaparecidos.
La dictadura de Stroessner dejó una secuela de 425 desaparecidos o ejecutados, unas 20.000 detenciones y el exilio de 20.814 paraguayos, según un informe de la Comisión de Verdad y Justicia publicado en 2008. De los 448 presuntos responsables de crímenes cometidos durante la dictadura, algunos de ellos considerados de lesa humanidad”, solo ocho fueron procesados, todos entre 1999 y 2008, según la Mesa de la Memoria Histórica.