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Karina Gill, asesora estudiantil de la Fenaes, indicó que junto con otras organizaciones sociales como Servicio Paz y Justicia Paraguay (Serpaj) proponen un proyecto para que quienes quieran hacer el servicio militar obligatorio (SMO) reciban el equipamiento completo y los recursos del Estado.
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Igualmente, su propuesta plantea que quienes no quieran servir al ejército, puedan optar por la objeción de conciencia pero de manera mucho más fácil que ahora, modificando incluso los cuestionarios vigentes, que tienen un carácter “indagatorio” donde el objetor prácticamente es intimado a plantean un motivo para la objeción.
El proyecto que será oficializado mañana por Fenaes, también quiere reglamentar el servicio civil donde, por ejemplo, se tenga en cuenta como servicio sustitutivo la extensión universitaria en el caso de los estudiantes, una figura ya existente en casas de altos estudios, o bien que también cuenten por ejemplo el estudio de oficios a través de programas estatales a través del Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (Sinafocal) o la Secretaría Nacional Promoción Profesional (SNPP).
El proyecto de los estudiantes también contempla un pago para los que realicen el servicio civil o bien para la compra de los equipamientos de los reclutas militares, que según estiman, será cubierto con el dinero que se recaude de los que no quieran acogerse ni al SMO ni a la objeción de conciencia.
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Casi en el mismo sentido, el diputado Antonio Buzarquis, presidente de la Comisión Permanente del Congreso, también reiteró que proponen una llamada ley de servicio civil obligatorio, donde sobre todo quieren que no solamente el tomar las armas sea una forma de servir a la patria.
En este caso, el proyecto contempla que por ejemplo se consideren servicios sociales como el ser voluntario de los bomberos, y al igual que el proyecto anterior, también la realización de estudios de algún oficio propuesto por el Gobierno.
Una de las diferencias con respecto al proyecto de Fenaes es que también plantean que cuenten las pasantías estudiantiles -que se suelen realizar en la etapa final escolar tanto en instituciones públicas como privadas-. Buzarquis comentó que la intención es ir recogiendo propuestas y finalmente unificarlas en un proyecto.
Cabe recordar que tras la psicosis inicial generada por la supuesta intención de cobrar multas a quienes no estén en regla, tanto con el SMO como con la objeción de conciencia, lo que generó una multitud de jóvenes acudiendo a tramitar sus documentos, las autoridades del Estado se vieron obligadas a aclarar que no habrían sanciones.
La Defensoría del Pueblo por ejemplo dio un plazo de gracia de seis meses para realizar las solicitudes de objeción de conciencia.