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En 2010, en pleno secuestro del ganadero Fidel Zavala, el Congreso aprobó la Ley 4.005, que permite que la Fiscalía bloquee las cuentas bancarias de las familias afectadas por un secuestro. Sin embargo, en los últimos plagios perpetrados por el grupo criminal EPP, esta legislación ha sido utilizada luego de varios días, permitiendo así que se puedan concretar los pagos de rescates, algo que se buscaba evitar y con lo que se pretendía desalentar la proliferación de casos similares.
El año pasado, durante el secuestro del joven Arlan Fick Bremm, inexplicablemente, el gobierno de Horacio Cartes, a través de sus fuerzas de seguridad, nunca pidió el bloqueo de las cuentas bancarias de la familia. En aquella ocasión, el bloqueo se dio recién después de 36 días, pero la iniciativa no provino de la Fiscalía o el Ministerio del Interior, sino de la propia familia del secuestrado.
Ahora, en el marco del secuestro del colono menonita Abrahan Fehr Banman, una vez más se tardaron varios días para dar inicio a los trámites, lo cual se comprobó con las declaraciones del fiscal Joel Cazal, quien este martes confirmó que se había solicitado el bloque de las cuentas de la familia recién después de tres días de que saliera a la luz el nuevo caso de plagio y tras un frustrado intento de pago de rescate.
De acuerdo al artículo 1º de la ley especial Antisecuestro, “el Ministerio Público, una vez que tenga conocimiento de la comisión de un delito de secuestro, podrá disponer de medidas a fin de salvaguardar los intereses de las víctimas mientras permanezcan privadas de su libertad y previa autorización judicial, el aseguramiento de los bienes de las mismas y de sus familiares, así como de aquellos bienes respecto de los cuales se conduzcan como dueños”.
La limitación de las operaciones bancarias abarcará las sumas que por su cuantía se presuman puedan tener como destino el pago del rescate. Esa medida, también tomada en decenas de otros países, fue empleada en varios secuestros extorsivos de alto perfil en Paraguay en los últimos años.
El primero de los casos se registró en abril de 2011 durante el secuestro del niño menonita Javan Ray Yoder Schlabach. El pequeño permaneció en cautiverio durante nueve horas. Ante esta situación, las autoridades bloquearon las cuentas de la familia del secuestrado a lo largo de ese tiempo. Los secuestradores habían pedido hasta US$ 100.000 para liberar al niño.
Meses después, Dalia Scappini era raptada en Asunción. La joven permaneció en cautiverio durante cinco días. Los bienes de la familia fueron congelados y su control devuelto a la familia luego de que la mujer fuera liberada sana y salva en Capiatá. El caso Scappini fue el último de privación ilegítima de libertad que se tuvo en Paraguay, hasta que el 2 de abril pasado miembros del grupo criminal EPP raptaron de su casa al joven Arlan Fick.
Durante el rapto de Arlan Fick, la inoperancia del Gobierno no solo permitió el pago de un rescate -algo que de hecho intentaron ocultar durante meses-, sino que también se permitió el pago de una multa por parte de la familia del joven secuestrado, consistente en la repartija de US$ 50.000 en concepto de víveres a comunidades pobres de la zona norte del país.
El fiscal Cazal, quien lleva adelante la investigación del que constituye el tercer rapto doble perpetrado por el grupo criminal que aterroriza la zona norte de la Región Oriental, señaló durante una conferencia de prensa que se está realizando un trabajo de inteligencia con la Policía y la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) para abalizar los posibles frentes que puedan utilizar los secuestradores para poder ocultarse.
Cazal, quien en la víspera amenazó al vocero de la FTC con imputarlo si daba declaraciones o brindaba informaciones vinculadas a los casos de secuestro, señaló que no se puede dar a conocer la información para no afectar a la investigación y que se irá dando a conocer de manera paulatina. Por ahora, aseguró, se trabaja en el análisis de las evidencias y las informaciones recabadas. “Realmente creo que el grupo hace tiempo está en esta zona, prácticamente un mes. Estamos viendo los posibles lugares por los que podrían haber pasado”, apuntó.
“Al señor le agarraron al azar, no era el objetivo, pero como era el que tenía más a mano le agarraron”, explicó el representante del Ministerio Público. Según los datos que manejan los investigadores, en realidad el blanco era otro colono menonita que se encontraba realizando los mismos trabajos que Fehr Banman pero que se retiró poco antes del lugar donde pretendían tomarlo, por lo que decidieron retornar y se toparon con el ahora secuestrado.
Cazal reconoció que la familia tuvo ciertas dificultades para reunir los US$ 20.000 solicitados en principio por los captores, pero que esto no se debe a un mal pasar económico sino debido a que las inversiones que realizaron están todavía en proceso de recolección de sus productos. “Procuraron, solamente que le dieron un plazo de media hora y ellos llegaron en un plazo de 50 minutos”, indicó para luego agregar que el padre de la víctima les anunció que harían todo lo posible para conseguir lo pedido en caso de que llegara a haber un pedido de rescate, algo que la familia no confirmó aunque adelantaron que recurrirían a su comunidad y a las comunidades vecinas, de ser necesario.
“Yo, por supuesto, no recomiendo que se pague porque tampoco van a tener garantías de que le liberen. Por lo menos sería prudente que ellos den prueba de vida”, apuntó. Reconoció que si bien ya ofrecieron asesoría a la familia, la misma aún no aceptó pues se mantiene cerrada en el manejo de la información. “Vamos a darle un plazo para que ellos actúen, creo que se merecen esa libertad, pero vamos a estar trabajando a la par”, apostilló.
Cazal dijo que si se llega a confirmar el pedido de rescate y el pago, no cree que se trate de un secuestro muy largo. Sin embargo, en el caso Arlan Fick los secuestradores tardaron varios meses en liberar al joven pese al rápido pago del monto exigido por sus captores, violando así las reglas establecidas en su propio manual.
En otro momento de la conferencia de prensa, Cazal reconoció no tener datos concretos sobre el supuesto aumento en el pedido de rescate exigido por los miembros del grupo criminal. Algunas versiones señalan que de los US$ 20.000 pedidos inicialmente, ahora solicitan la extraordinaria suma de US$ 500.000. “Yo vi las publicaciones, pero nosotros no podemos revelar, o sea no es que no podemos revelar, no tenemos conocimiento cierto, la familia se mantiene muy hermética”, justificó.
Relató que la comunidad se mantiene muy hermética sobre el caso, algo que ya había pasado en el caso del secuestro del joven Arlan Fick. “Son de la misma ideología prácticamente (…) Lo único que nos dijeron es que van a tratar de manejar hasta cierto punto”, agregó.
“No están colaborando mucho porque también tienen la idea de colaborar para que le rescate a su familiar. Nosotros vamos a seguir haciendo nuestro trabajo, nuestra idea es tratar de rescatar a esta persona, siempre vamos a tratar de estar en conversaciones con la familia”, aseveró. “Nosotros imaginamos que ha de haber una negociación. Ellos recibieron un escrito, pero recibieron antes de que nosotros lleguemos”, dijo para luego señalar que por esto motivo no pueden saber el monto exigido por los secuestradores.
El fiscal aseguró además que se realiza un delineamiento de operaciones, pero que realizar incursiones “por incursionar y sin tener una información de inteligencia que avale no tiene sentido”. Cazal señaló además que ya se mantuvieron varios diálogos con los líderes de la comunidad desde hace incluso dos meses. “Le habíamos avisado de que podía pasar esto, que esta gente estaba en esta zona, que tratábamos de cubrir y le pedimos su colaboración para que ante el menor movimiento extraño podamos entrar ahí”, afirmó.
“Es difícil, la zona es muy grande, se hacen patrullas y reconocimiento de la zona, solamente que fue un hecho fortuito, por lo que es difícil prever”, señaló ante la pregunta de si la zona no estaba bien cubierta por los efectivos de la FTC y que por eso se habría producido el nuevo plagio.