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Las medidas impuestas fueron la prohibición de salir del país, comparecencia mensual ante el juzgado, prohibición de cambiar de domicilio y abonar una fianza de G. 200 millones. “Tienen 20 días para presentar la fianza real, pero ya está garantizada con la fianza personal de sus abogados, que deberán ser sustituidas por la real”, detalló el juez Pasmor.
Los que recibieron las medidas fueron el abogado Manuel Enrique Radice Zárate, ahijado político del miembro del TSJE Alberto Cástulo Ramírez Zambonini; las funcionarias Clara Haydée Silveira Arza, su hermana Gloria María Paz Silveira Arza y la madre de ambas, Ana Catalina Arza, procesadas por cobro indebido de honorarios.
También Christian Bogado, exdirector de RR.HH. procesado por uso de certificados sobre méritos y servicios de contenido falso y cobro indebido de honorarios, y Modesto Núñez, ex superintendente del TSJE, imputado por expedición de certificados sobre méritos y servicios de contenido falso y cobro indebido de honorarios.
El abogado defensor de estos últimos, Alfredo Delgado, criticó que la imputación sobre Bogado se base en declaración indagatoria de la procesada Zully Jacqueline Ferreira, escribana. “Su declaración está exenta de juramento y llama la atención de que la imputación se base en esto”, expuso.
Reconoció que su defendido firmó planillas de asistencia, pero aclaró que solo recibía órdenes. En cuanto a la confirmación de la veracidad de los datos en las planillas de asistencia, dijo que en estos casos “se basan en la teoría de la confianza de que los demás funcionarios van a cumplir sus funciones" y argumentó que no puede llamar lista y corroborar que todos estén presentes.