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El tribunal, conformado por Carmen Chávez (presidenta), Benicio Rodríguez y Víctor Candía, hace lugar primeramente al pedido de Sandra McLeod (ANR) de decretar la prohibición de innovar y luego ordena a que la Junta Municipal se abstenga de solicitar una intervención por un año si no reúne los requisitos estipulados en la resolución municipal Nº 623/2016. La resolución del reglamento interno del legislativo municipal que dice que el pedido de intervención se podrá decidir por mayoría simple de dos tercios, pero que “si la solicitud de intervención resultare rechazada por el pleno de la Junta, solo podrá volverse a plantear el pedido de intervención transcurrido un año, o sea, una vez al año”.
La acción fue presentada por el abogado Julio César Domínguez, en representación de la Municipalidad de Ciudad del Este, y la intendenta Sandra McLeod de Zacarías (ANR). El pedido de blindaje supuestamente era para "precautelar los derechos electorales de la intendenta” y para que “la voluntad popular no sea constreñida”, según el documento.
El pasado 27 de julio la Cámara de Diputados resolvió por mayoría, principalmente dada por legisladores colorados, rechazar la solicitud de intervención hecho por los concejales opositores denominados G7.
Tras enterarse del blindaje que otorgó la Justicia Electoral a McLeod, los ediles municipales opositores presentaron una denuncia en el Ministerio Público porque el pedido de la intendenta esteña y el oficio de tribunal atentan contra el orden constitucional. Tras el sorteo del caso la denuncia será investigada por el fiscal Alfredo Ramos.