Organizan debate sobre contaminación ambiental en Carapeguá

CARAPEGUÁ. La Corte Suprema de Justicia y el Centro Internacional de Estudios Judiciales (CIEJ) organizan para mañana, desde las 08:30, un taller sobre “Hechos punibles ambientales”.

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El evento se desarrollará en el salón auditorio de la Municipalidad de esta ciudad, informó el juez de Garantía Víctor Vega.

El taller tiene como objetivo debatir con industriales, abogados, docentes y ciudadanía en general sobre la aplicación de la Legislación Penal Ambiental, cuya disertación estará a cargo del Abg. Marcos Benítez, y el tema de “Agroquímicos y Protección Fitosanitaria. Regulación Jurídica”, que desarrollará el Abg. Hugo Barrientos.

La disertación sobre la legislación ambiental y de la utilización de agroquímicos en los cultivos se da atendiendo a que en esta ciudad 17 industriales trabajadores del cuero fueron imputados en 2013 por las fiscalas del ambiente Sandra Torres y Cynthia Lovera por los hechos de procesamiento ilícito de desechos y la desobediencia a las leyes ambientales.

Ante dicha situación, en marzo de 2014, la Junta Municipal de esta comunidad, a través de la Resolución N° 81, declaró emergencia ambiental y social en esta comunidad por 180 días. La finalidad fue completar los requisitos necesarios para que las 17 curtiembres clausuradas por transgresiones contra el medio ambiente vuelvan a funcionar.

Para acompañar el proyecto del plan de contingencia ambiental presentado por los industriales para evitar llevar la causa a juicio oral y público, la Junta Municipal en el 2014 por Resolución Nº 528 declaró de interés municipal la construcción de la planta de tratamiento de efluentes industriales. Dicha planta de procesamiento de residuos se pretendía instalar en el predio municipal de 17 hectáreas destinado para parque industrial. La ejecución del proyecto que iba a demandar una inversión cercana a los G. 4.200 millones quedó encajonada y no prosiguió.

Esto es debido a que en su mayoría los industriales imputados presentaron proyectos particulares de mejora de sus instalaciones porque el proyecto municipal se dilataba y ellos tenían plazos establecidos dentro del plan de contingencia que debían cumplir.

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