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La organización expresa en un comunicado “su preocupación y repudio ante la grave violación del derecho al debido proceso del que es víctima la adolescente RRVO, procesada en el marco de la masacre en Curuguaty”. El escrito va dirigido a la opinión pública en general y a las autoridades del Estado paraguayo.
La misiva que lleva la firma de Juan Pablino Insfrán y Elan Morínigo, delegados nacionales en representación del Consejo de Delegados de la CONNATs, lamenta que desde el inicio del proceso judicial, donde están procesados los campesinos, la adolescente entonces (15 de junio de 2012) con 17 años y ahora con 19 años, no pudo haber recibido el mismo trato judicial de los adultos, procesados por la matanza en Marina Cué. Afirman que no se respetó la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, ni el Código de la Niñez y la Adolescencia.
Resaltan que jamás intervinieron fiscales ni jueces especializados en niñez y adolescencia como manda la ley, y aún así fue imputada por asociación criminal, invasión de inmueble ajeno (en carácter de autora) y homicidio doloso en grado de tentativa (en carácter de cómplice). “Además nunca se realizó el estudio de Madurez Psicosocial para someterla a juicio”, señalan.
Advierten que actualmente se sigue violando la ley, ya que está fijado un juicio oral a cargo del mismo Tribunal de Salto del Guairá integrado por jueces para adultos, no especializados en niñez y adolescencia. “Como niños, niñas y adolescentes organizados y que provenimos de familias pobres, consideramos que éste al igual que otros casos, evidencian la persecución desde los poderes públicos a los que luchan por la tierra en Paraguay, donde una gran mayoría son menores de 18 años, sin presente y sin futuro ante la terrible desigualdad entre ricos y pobres”.
Además manifiestan que sienten la desigualdad y la discriminación en el trato que las instituciones dan cuando se trata de adolescentes pobres y más aún del sector campesino. Como ejemplo citan el caso de denuncia de violación a una adolescente en el Club Centenario, donde se garantizaron todos los procedimientos y se realizaron en varias ocasiones los estudios de Madurez Psicosocial a los involucrados para determinar si entendían por qué estaban procesados, derecho que sin embargo afirman se le niegan a RRVO.
“Finalmente, como Organización proveniente de sectores populares, vemos con preocupación la política gubernamental de perseguir con saña a las organizaciones, grupos y personas, que de manera articulada o no, se oponen tenazmente a las arbitrariedades e injusticias provenientes desde el aparato estatal o de los mismos sectores dominantes, situación que como nos contaron nuestros padres y abuelos, no dista en mucho con las medidas del dictador Stroessner para favorecer a su grupo de alabadores y asesinos, que tanto dolor causara a miles de familias paraguayas”.
La CONNATs denuncia esta situación y apoya el pedido de la CODEHUPY para la Anulación del Juicio.