MEC ordena suspender títulos

La ministra de Educación, Marta Lafuente, ordenó la suspensión de los registros títulos emitidos por el Instituto de Formación Superior “Santa Librada” a raíz del escándalo desatado con la supuesta venta de títulos de Enfermería.

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A través de una misiva enviada al Consejo Nacional de Educación Superior, la titular del MEC solicita “la inmediata suspensión” de registros tanto de títulos de grado como de postgrado emitidos por dicha institución hasta tanto sean aclarados los hechos denunciados.

Tras una investigación realizada, se descubrió que en tan solo 48 horas “Santa Librada” - con sede en Itacurubí de la Cordillera y sucursal en la seccional colorada de Fernando de la Mora - otorgaba títulos de licenciado en enfermería, previo pago de G. 9.800.000, a través del Instituto de Formación Superior Paz Ambiental, nombre utilizado solo como fachada.

Lafuente además solicita “urgentemente” la convocatoria para una Sesión Extraordinaria del Consejo Nacional de Educación Superior, con el fin de conformar una Comisión especial que investigue los hechos denunciados.

Por otro lado, la Ministra de Educación solicita que sean presentadas las listas de alumnos matriculados por año y por año de egreso, los registros de asistencias de “por lo menos tres asignaturas fundamentales de la carrera” y actas de los exámenes firmados por los profesores, examinadores, datos necesarios para verificar si los títulos de las carreras de Ciencias de la Salud emitidas “cuentan con la base documental necesaria y pertinente.

IPS ORDENA SUMARIOS

La directora de Asesoría Jurídica del Instituto de Previsión Social (IPS), Carolina Llanes, constató que en total 54 funcionarios de la previsional poseen títulos del cuestionado Instituto Santa Librada, especialmente licenciados en enfermería, aunque también en otras áreas como técnicos en laboratorio clínicos y radiólogos.

“Tenemos la alta presunción de que estas personas podrían estar involucradas en la utilización de documentos de contenido falso”, explicó Llanes, por lo que ordenó que sean sometidos a sumario, y mientras duren las investigaciones, los funcionarios no podrán realizar tareas en el área de salud.

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