Caso Fonacide: Ordenan detención de dos militares

La Suprema Corte de Justicia Militar ordenó la detención del Cnel. DEM Armando Félix de la Huerta Dávalos y del Cnel. DCEM Hugo Marcial Trinidad Cáceres, quienes deberán prestar medidas restrictivas de libertad en la prisión militar de “Viñas Cué”.

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La detención fue en el marco de las investigaciones de la “tragada” en la construcción de la Escuela de Infantería de Chaco’í que fuera pagada en su totalidad, pero no se terminaron en el 100%. Hubo desembolsos e incluso se hizo sin certificación de obras.

La construcción de la Escuela de Infantería fue adjudicada por G. 3.523 millones en el año 2011. Se había pagado en su totalidad sin haberse concluido, y debía estar terminada a finales de ese año. Después de 4 años de abandonarse la construcción de la escuela militar, el jefe de Fuerzas militares, Luis Garcete, volvió a adjudicar la obra por G. 1.903 millones con recursos del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide). Con el nuevo contrato firmado en diciembre del 2015, el costo de la escuela trepa a G. 5.500 millones.

Llamativamente, el jefe militar no peleó cobro de ninguna póliza vencida y aceptó la irrisoria suma de G. 183 millones de los G. 2.300 millones del seguro que se tenía cubierto en el contrato.

El nuevo proveedor es Diego Szklarkiervicz Kaller y ya cobró G. 1.555 millones, según Contrataciones Públicas. La primera contratista fue la firma Marraing, de Marcelo Ramírez Gamarra, que cobró por el 100% de la obra, pero solo ejecutó el 66%, según documentos de Contrataciones Públicas.

El comandante de las Fuerzas Militares está en el ojo de la tormenta, junto con su esposa, Lucía Duarte, quien administraba una fundación privada dentro del predio militar. Además, el uniformado ponía a disposición de la ONG de su esposa recursos de la milicia, tanto personal como vehículos. 

Tras el escándalo, el ministro de Defensa Nacional, Diógenes Martínez, informó ayer que la Fundación Nuestra Señora de la Asunción (Funsa), que preside Lucía Duarte, fue desalojada del predio de las Fuerzas Militares.

La Fiscalía inició ayer una investigación sobre este caso, que salió a luz mediante un trabajo periodístico de ABC Color. La denuncia formal sobre las irregularidades en la institución militar la hizo la Coordinadora de Abogados del Paraguay.

Mañana sábado, en la edición impresa, se darán a conocer todos los detalles del pedido de detención de ambos militares y los entretelones que envuelven a la “tragada” de dinero del Fonacide.

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