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Tras las últimas delirantes denuncias sobre planes de atentado contra Cartes y complots contra la firmata pro rekutú, se acrecentaron los indicios de que el oficialismo “pincha” las conversaciones de políticos opositores, ya que se presentaron capturas de conversaciones de WhatsApp así como grabaciones -aparentemente manipuladas- como elementos de prueba.
Al respecto, el senador Carlos Amarilla aseguró que, más allá de simples sospechas, los disidentes tienen certeza de que el cartismo está usando equipos de espionaje de manera ilegal. “No tenemos dudas de que este Gobierno hace operaciones ilegales en cuanto a escuchas y seguimiento, además de otros métodos con propósitos al margen de la ley”, manifestó.
Al explicar su “certeza”, comentó que los disidentes montaron “carnadas” en grupos de WhatsApp, a fin de probar la reacción de referentes del Gobierno. “Nosotros hemos plantado cebos dentro de algunos grupos y conversaciones que hemos tenido y no pasó mucho tiempo para certificar que desde el Gobierno tenían ya seguimiento de esas trampas colocadas por nosotros”, refirió.
Aseguró que el Gobierno recurre a estas prácticas ilegales igualmente para presionar a sectores empresariales. “También sabemos de fuentes empresariales de que sectores importantes de la economía (...) Empresarios sufren el mismo tipo de acoso, hostigamiento, a través del seguimiento ilegal”, apuntó.
Lamentó que por cuestiones políticas se esté violando la intimidad de políticos y empresarios. “Violentan la intimidad de las personas y la privacidad de la gente, entre otras cosas; tenemos certeza de que el Gobierno está en estas operaciones ilegales”, insistió.
El senador adelantó que -una vez reanudado el periodo de sesiones en el Congreso- se solicitará desde el Poder Legislativo un informe sobre los aparatos de escuchas de los que dispone el Gobierno. “Estamos trabajando en un pedido de informe; vamos a tramitarlo apenas se inicie el periodo de sesiones, de tal manera a que tengamos acceso a información fidedigna que nos permita saber en qué se han destinado esos equipos”, sostuvo.
Reafirmó que “a nosotros nos asiste el convencimiento de que desde el Gobierno varios o algunos de estos equipos prestan un servicio al margen de la ley para el hostigamiento político y muchas otras cuestiones que tienen que ver con el chantaje”.