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Con la llegada de la temporada en que los automovilistas se agolpan en masa para renovar sus registros de conducir, nuevamente surgen los reclamos de la ciudadanía en torno a lo que la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci) se lleva del dinero que paga la ciudadanía en los municipios.
En contacto con radio ABC Cardinal, Luis María Pereira, director de Tránsito de la Municipalidad de Asunción, confirmó que de los G. 10.600 que el municipio cobra por la revalidación de la licencia de conducir, solo G. 600 terminan en las arcas de la Comuna y G. 10.000 -el 94%- van a parar a la Opaci.
Al señalársele que una ONG se lleva prácticamente todo el dinero de los contribuyentes, el funcionario argumentó que “hay un convenio con la Opaci”, que no solo se limita a la Comuna capilitana, sino a otros más de 200 municipios de todo el país. “En realidad, con la vigencia de la nueva ley, la Opaci simplemente trabaja con la Agencia Nacional de Seguridad Vial para brindar toda su base de datos”, argumentó.
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Con respecto a la posibilidad de romper esta red de recaudación, donde las municipalidades son las menos favorecidas, se limitó a indicar que “se tiene que evaluar un poco... La Opaci la conforman todos los municipios; realmente se debe volver a estudiar esto”, agregó.
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Pereira aclaró que mientras tanto seguirán cobrando en concepto de Opaci a los contribuyentes para luego entregar el 94% de lo recaudado al organismo privado. “Solo somos un organismo de aplicación de todo lo que dice la ordenanza”, se excusó.
La Opaci cobra G. 10.000 a los contribuyentes en concepto de perforación de registros, renovación, inspección técnica, gestión por transferencia de inmuebles e hipoteca. Con este sistema logró recaudar más de G. 182.000 millones entre 2010 y 2015, mediante una red de recaudación conformada por unas 250 municipalidades de todo el país.
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El año pasado se aprobó en el Congreso el proyecto de Ley N° 5.799/2017 “Nacional de Tránsito y Seguridad Vial”, que pretendía entre otros puntos recortar las atribuciones de la Opaci y reducir las posibilidades de cobro por parte de la ONG a través de los municipios. Sin embargo, la normativa no prosperó, ya que fue vetada por el presidente de la República, Horacio Cartes, y posteriormente, los diputados dieron sepultura total a la iniciativa, aceptando el veto del Ejecutivo.
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